Una norma que debería beneficiar a un tercio de la población española y al 90% del territorio, donde se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte destacable del patrimonio cultural que disponemos.

Desde el reconocimiento del avance notable en las últimas décadas en los niveles de renta y bienestar de los habitantes de las zonas rurales, debemos ser conscientes que una parte significativa aún padece un atraso económico y social relativo debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables, razón más que suficiente para aumentar la atención pública al medio rural.

Es preciso actuar sobre las causas económicas de este relativo atraso, solucionar las carencias de infraestructuras, equipamientos y servicios para la población, y mejorar la deficiente atención de las Administraciones Públicas al medio rural.

La crisis que seguimos padeciendo ha acentuado estos desequilibrios. Los recortes han afectado a todas las políticas que inciden directamente en las zonas rurales, dejando reducido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a una mera gestoría de fondos europeos, que además no han sigo gestionados con eficacia.

 La importancia del medio rural

El desarrollo rural no ha existido como concepto, ignorando y despreciando la capacidad y la propia existencia de cerca de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas. Las actividades que se desarrollan en el medio rural son de una importancia decisiva en nuestro sistema productivo, no solo por el empleo y riqueza que generan, sino porque estructuran el territorio, fijan población, son difícilmente deslocalizables y constituyen una reserva de materias primas imprescindible para la seguridad alimentaria de nuestro país.

En un escenario global de nuevas necesidades alimentarias, los países deben poner en marcha estrategias que anulen los riesgos que implica la dependencia de terceros en algo que afecta a las necesidades más básicas de la población.

La intensa aplicación de políticas agrarias y regionales de la Unión Europea, a pesar de su enorme relevancia, ha paliado de manera parcial los efectos de un desarrollo económico territorial y socialmente concentrado en las zonas urbanas, persistiendo un déficit importante de cohesión que afecta sobremanera al medio rural.

Además, la política rural europea tiende a dejar subsidiariamente en manos de los Estados miembros el peso mayoritario de la iniciativa en política rural. El problema es que España sigue careciendo de esta política, una auténtica política rural de Estado cuyo objetivo fundamental sea el logro de una mayor cohesión territorial, económica y social en las zonas rurales, con una perspectiva global, apoyada en modelos de máxima participación y que asegure la creación de empleo y la máxima actividad económica estable y sostenible.

Hace cinco años los socialistas aprobamos un documento bajo la denominación de “Declaración de Jaén”, con una serie de prioridades y medidas concretas, y en cuyo preámbulo se decía lo siguiente:

“Un país en el cual su Diccionario de la Real Academia conserva en pleno siglo XXI, como acepción ligada al término rural, las de tosco e inculto, es un país en el que aún hay camino que recorrer para salvar la brecha de ciudadanía que permanece abierta entre el pueblo y la ciudad, y que no consigue taponar la sangría de un éxodo poblacional desplazándose a ocupar un 10% del territorio, mientras crece el llamado desierto verde en un 90%”.

Felizmente esa desafortunada definición ha sido corregida, no así la política rural errática, a la que es preciso dar un giro de 180 grados. Es necesario señalar que el 54% del empleo que se crea en Europa se genera en el medio rural, en líneas de empleabilidad que compatibilizan la actividad agroalimentaria, la innovación emprendedora, los servicios a la población y el llamado empleo verde.

Asimismo, el mundo rural atesora buena parte de los recursos que sustentan el PIB del país, unos recursos que se convierten en factores estratégicos para un desarrollo futuro en el cual la seguridad alimentaria, las defensas ambientales y las energías limpias serán elementos imprescindibles.

Hay que impulsar la democracia participativa desarrollando hasta sus últimas consecuencias la metodología Leader con la que Europa impulsó el nuevo concepto de gobernanza. España se convirtió en líder al consolidar por ley el modelo de participación y cogestión de los programas de desarrollo rural.

Una política rural integradora

Necesitamos una política rural que implique a todos, integradora, moderna, eficiente, transparente y generadora de riqueza y futuro. Está demostrado que la articulación de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos con alta participación social, es un camino seguro para la utilización racional de los recursos naturales, la integración de todas las políticas sectoriales en un marco común estable y viable, y la creación de actividad económica y empleo.

En el programa electoral con que los socialistas nos presentamos a las elecciones, la agricultura y el desarrollo rural han tenido un peso específico importante con un gran número de propuestas, de las que me permito señalar algunas de ellas en estas líneas:

• Realizar una adaptación de la Ley de Modernización Agraria, desarrollando un Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones con el objetivo de una mayor competitividad de las mismas, que facilite las transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, el relevo generacional en el sector agrario, el arrendamiento de tierras y las inversiones en innovación.
• Asumir el compromiso de elaborar los cambios normativos necesarios para conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria, que reparta justamente esfuerzos y beneficios.
• Recuperar los instrumentos de políticas de regulación de mercados que eviten la actual volatilidad de los precios.
• Aprobar un plan estratégico de la agricultura y ganadería 2030 que establezca las prioridades de la política agraria en el ámbito nacional y que proponga las líneas de actuación a corto y largo plazo, y los compromisos a asumir.
• Revisar el modelo de aplicación de la PAC en España, realizando una apuesta clara por la agricultura profesional y por el empleo, la agricultura familiar y la diversificación en el medio rural.

Asimismo, en el Acuerdo para un Gobierno Reformista de Progreso que el PSOE y Ciudadanos firmaron figura una serie de medidas que creo interesante destacar:

• Desarrollo del medio rural con una política que garantice la utilización racional de los recursos naturales, la integración de todas las políticas sectoriales en un marco común estable y viable, y la creación de actividad económica estable y sostenible.
• Impulso de un programa específico para el apoyo a los emprendedores que desarrollen actividad y creen empleo en el medio rural, especialmente en las zonas en peligro de despoblamiento.
• Potenciar las actividades de las mujeres rurales, en particular aquellas relacionadas con su incorporación a la actividad emprendedora
• En el marco de la normativa de la UE, revisión de la Política Agraria Común (PAC) en España realizando una apuesta clara por la agricultura profesional y por el empleo, la agricultura familiar y la diversificación en el medio rural.
• Plan estratégico para la industria agroalimentaria, incrementando la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el sector, que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los actuales.

Desde la política estamos obligados a poner en marcha una política agraria y rural de Estado, comprometida, con financiación, que consiga atacar las debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus déficits estructurales y apoye todos nuestros factores de crecimiento.

Artículo original publicado en el Anuario 2016 de la Agricultura Familiar de la Fundación de Estudios Rurales