En las semanas previas al estallido de la pandemia sanitaria de la Covid-19 y sus gravísimas consecuencias económicas y sociales a nivel global, los agricultores y los ganaderos españoles habíamos protagonizado un proceso de movilizaciones sin precedentes, con la unidad de acción de las tres organizaciones representativas y la participación de cientos de miles de hombres y mujeres de todos los territorios y sectores, que había merecido la atención y apoyo de la sociedad española y provocado un marco de diálogo con el Gobierno de España.
De hecho, las últimas movilizaciones convocadas ya no pudieron celebrarse. Se desconvocaron incluso antes de la declaración del Estado de alarma.
El origen de estas grandes e inéditas movilizaciones no respondía a un único motivo y ni siquiera estaban dirigidas, como suele ser habitual en estos procesos, contra un gobierno en concreto, con una medida determinada o para atajar una crisis sectorial y coyuntural ante la que reivindicar soluciones urgentes y precisas.
No en vano, las movilizaciones del sector agrario no han sido una excepción española, ya que de manera simultánea procesos similares tenían lugar en un buen número de países europeos, por razones en buena medida coincidentes con las que impulsaron las protestas en España.
Hemos sufrido, y de qué manera, las consecuencias de la crisis de la Covid-19, y lo hemos hecho aparcando las movilizaciones para prestar a la sociedad española un servicio a la altura del reto impuesto por la declaración del Estado de alarma: no hemos parado, de acuerdo con nuestra condición de actividad esencial, y hemos seguido produciendo, recolectando, cuidando al ganado, manteniendo los ciclos naturales de cultivos y animales, con la responsabilidad final de aportar lo que la sociedad espera de nosotros: alimentos para consumo directo y materias primas para la industria de transformación.
Todo ello, además, en un momento con importantes limitaciones de la movilidad que han condicionado la llegada de trabajadores de otros países, como es habitual en estas fechas, y el desplazamiento de las cuadrillas hasta el lugar de trabajo, con riesgos para la salud de agricultores, ganaderos y sus trabajadores, la implementación de protocolos específicos y medidas para mitigar el riesgo de contagio y la búsqueda y adquisición de equipos de protección de la salud. A todo nos hemos sobrepuesto, no sin dificultades y sí con un incremento de nuestros costes de producción.
El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de ingresos exigen aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en España para que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad de la agricultura familiar
En deinitiva, después de conseguir la mirada comprensiva de la sociedad hacia la situación límite de los agricultores y los ganaderos, como resultado de las movilizaciones de los primeros meses del año, la catarsis del coronavirus ha terminado de abrir los ojos a la verdadera realidad del campo español y su condición de sector básico y estratégico para nuestra sociedad.
Las autoridades españolas están repitiendo una y otra vez, desde que estalló la crisis, que la cadena alimentaria está funcionando sin problemas y garantizando el abastecimiento de la sociedad.
Y es cierto. Hablan de la producción, la distribución, la industria, la logística, el comercio mayorista y minorista…, con el añadido, en este caso sí interrumpido, de la hostelería, cuyo cierre sí que ha afectado a muchas producciones, muy enfocadas al consumo fuera del hogar.
Pero esa larga y compleja cadena alimentaria depende, obviamente, en su inicio, del trabajo de los hombres y mujeres del campo. Porque sin productores no hay productos.
Y ahí es donde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) quiere poner el foco del debate, los retos y propuestas que tenemos ante nosotros en España para reconstruir nuestro país y nuestra sociedad tras la crisis del coronavirus.
España necesita una agricultura familiar rentable y fuerte
Estamos ante la que puede ser la ocasión definitiva para iniciar un camino sin retorno hacia el reconocimiento del valor de nuestro trabajo.
Con este objetivo, UPA plantea su visión y sus alternativas al amplio y necesario proceso de reconstrucción económica y social, con propuestas que se estructuran en los grandes retos a que nos enfrentamos.
El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de ingresos exigen aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en España para que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad de la agricultura familiar. Asimismo, debe reforzarse presupuestariamente a ENESA y adaptar el Sistema de Seguros Agrarios al nuevo escenario que impone el cambio climático.
El reto generacional es básico para apoyar e incentivar a los jóvenes para que se incorporen a la actividad agraria. Solo así se garantiza la supervivencia del modelo agroalimentario de España.
El reto de la igualdad entre hombres y mujeres se plantea conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural y el sector agrario, con medidas legales, económicas y sociales que refuercen el trabajo y la posición social de las mujeres.
Debemos poner en valor, de una vez por todas, ante el conjunto de la sociedad la trascendencia de la agricultura familiar como modelo de producción sostenible europeo y de abastecimiento seguro de alimentos
El reto territorial y de la igualdad entre pueblos y ciudades exige saltar de las palabras a los hechos. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas adecuadas a la realidad de cada territorio. Hacen falta políticas activas e innovadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el repoblamiento con jóvenes y familias procedentes de las ciudades.
El reto digital es imprescindible para asegurar de manera definitiva el acceso universal y de calidad a internet y todas las herramientas de comunicación en todo el territorio.
Otro gran reto es reconocer y consolidar el compromiso que ya tiene la agricultura familiar en España con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que se incluyen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se hacen ahora más necesarias que nunca, ante las consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad.
Y dentro de los ODS destacan por su trascendencia las consecuencias del cambio climático, apoyando la adaptación de la agricultura y ganadería familiar a las consecuencias de este proceso sobre territorios y producciones y su contribución a la necesaria y urgente mitigación de los gases de efecto invernadero.
El reto del empleo conlleva garantizar el futuro de la agricultura familiar en España, con hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones cuya situación laboral es equivalente a la de los autónomos, que a su vez son empleadores de personas que trabajan de forma permanente o temporal en tareas agrícolas y ganaderas. La continuidad de su actividad en el territorio favorecerá el impulso de nuevas actividades y empleos.
Todo ello, destacando finalmente el reto global de la valorización, visibilidad y reconocimiento de la agricultura familiar.
En este ámbito general, es necesaria una Ley de la Agricultura Familiar, con medidas y ayudas específicas para las explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales vinculados al territorio. Así como la creación de un Observatorio de la Agricultura Familiar, con seguimiento permanente de rentabilidad de las explotaciones, acceso a bienes y medios de producción, necesidades de formación y acceso y aplicación de nuevas tecnologías, de la situación de las mujeres, dinámica de la titularidad compartida, incorporación de jóvenes, sostenibilidad ambiental de la actividad productiva, situación en la seguridad social, evolución del mercado de compraventa y alquiler de tierras, gestión de herencias, etc.
En definitiva, debemos poner en valor, de una vez por todas, ante el conjunto de la sociedad la trascendencia de la agricultura familiar como modelo de producción sostenible europeo y de abastecimiento seguro de alimentos.
