La modernización de la agricultura española se inicia en los años 1960-1970, bajo el franquismo, con la asimilación de las innovaciones técnicas y científicas en el campo de la mejora vegetal asociadas a la denominada “revolución verde”. En ello tuvo mucho que ver el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en el ámbito de la investigación y el SEA (Servicio de Extensión Agraria) en todo lo relativo a la transferencia y difusión de innovaciones entre los agricultores.

Asimismo, el IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) desempeñó una importante labor en la trasformación en regadío de las grandes zonas de secano. Ese proceso se aceleraría a lo largo de los años 1980, y, sobre todo, tras la adhesión de España a la UE en 1986, con la incorporación de nuestra agricultura a la PAC (Política Agraria Común).

En el contexto de la transición democrática, se produciría también la disolución y reforma de las entidades vinculadas al sindicalismo vertical del franquismo, dando lugar a los nuevos sindicatos democráticos de agricultores, más tarde conocidos con el nombre de “organizaciones profesionales agrarias” (OPAs). La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), surgida del seno del histórico sindicato ugetista FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra), se convertiría (junto a ASAJA y COAG) en una de las tres OPAs reconocidas como interlocutores por los poderes públicos e integradas de pleno derecho en el COPA, la entidad representativa de los intereses agrarios en la UE.

Como órgano de expresión de la UPA, se creó en 1983, la revista “La Tierra” de la que se cumplen ahora cuarenta años, siendo esta efeméride una buena oportunidad para reflexionar sobre los cambios producidos en nuestra agricultura desde entonces. Tal es el objetivo de este artículo, que será estructurado en dos secciones: en la primera haré referencia a los principales vectores del cambio producido en nuestro sector agrario desde la entrada de España en la UE, y en la segunda plantearé algunos de los retos y desafíos que se le presentan en la actualidad.

Los principales vectores del cambio

La entrada de España en la UE en 1986 influirá de forma determinante en la agricultura y el mundo rural a través de la PAC, marcando el ritmo y la senda del cambio hasta hoy. Cabe señalar cuatro vectores de cambio en este periodo: i) la globalización de los mercados agrícolas y la liberalización del comercio internacional; ii) las limitaciones medioambientales de los modelos intensivos de producción agraria; iii) la consideración de la agricultura como asunto de interés general, y iv) la emergencia del desarrollo rural como política diferenciada de la política agraria.

Globalización/inclusión de la agricultura en las reglas de liberalización del comercio

Es importante señalar que España entra en la UE en un momento en que estaban comenzando a cambiar las orientaciones de la política europea (Informe sobre el futuro del mundo rural, reforma McSharry...) Una vez lograda la suficiencia alimentaria en el conjunto de la Unión, la agricultura europea se integraba en las reglas de liberalización del comercio internacional establecidas, primero, por el GATT y, luego, por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

 Ello significaba liberalizar la política de la UE en materia agrícola tras dos décadas de mecanismos reguladores (de inspiración socialdemócrata). Se iría imponiendo una orientación más liberal en la política europea, suprimiéndose, de un lado, el sistema de precios de garantía y desmantelándose, de otro, los sistemas públicos de intervención en los mercados. Esta orientación sería mitigada, en parte, por el mantenimiento de un sistema de ayudas directas a los agricultores (política de inspiración democristiana) para garantizarles parte de su renta una vez suprimido el sistema de precios garantizados. No obstante, estos pagos directos serían ayudas cada vez más desacopladas de la producción y cada vez más condicionadas a las limitaciones presupuestarias, lo que implicaría su gradual disminución en las sucesivas reformas de la PAC (Agenda 2000, reforma Fischler, reforma Ciolos…)

Tales cambios en la orientación de la PAC tuvieron efectos evidentes en la agricultura española, sobre todo en su ajuste estructural. Se consolidaría por la vía del mercado la senda, ya iniciada en las dos décadas anteriores, de la modernización productiva, la concentración, la reducción del número de explotaciones, el aumento de la superficie por explotación y la disminución del volumen de trabajo.

De hecho, en estos últimos cuarenta años se ha reducido en dos tercios el número de explotaciones, pasando de los 2,3 millones en 1982 a algo más de 700.000 en 2020, reflejándose así el fuerte proceso de ajuste que se ha producido en las estructuras agrarias españolas. En el marco de ese proceso, el volumen de trabajo se ha reducido drásticamente, sobre todo en las explotaciones ganaderas, mientras que el tamaño medio de las explotaciones agrarias ha aumentado, aunque con menor intensidad.

Ello indica que el ajuste estructural del sector agrario se ha ido produciendo no exclusivamente por la vía de la concentración, sino, sobre todo, por la modernización económica de las pequeñas y medianas explotaciones, contribuyendo a ello, sin duda, la permanencia del citado sistema de ayudas de la PAC (tanto de los pagos directos, como de las ayudas a la modernización estructural de explotaciones). Desde una óptica liberal, el sistema de ayudas directas se ha visto como un residuo intervencionista, como una interferencia en la lógica del mercado, retrasando el ajuste estructural de las explotaciones, mientras que, desde una óptica socialdemócrata, ha sido la forma de asegurar que la modernización fuera inclusiva, sin excluir a los pequeños y medianos agricultores.

Ese debate se ha mantenido abierto desde entonces en el seno de la UE a lo largo de las sucesivas reformas de la PAC, estando atravesado no sólo por los posicionamientos políticos e ideológicos, sino también por los intereses diversos de los Estados miembros respecto al tema de las ayudas agrícolas, así como por las reivindicaciones del sindicalismo agrario sobre este mismo asunto.

Limitaciones del productivismo y de los modelos intensivos de agricultura

Los sistemas asociados a la “revolución verde” y basados en la intensificación, la mecanización, el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas y la gestión industrial de las granjas estabuladas, pronto encontraron sus propios límites.

Uno de esos límites fue, sin duda, el conjunto de externalidades negativas producidas sobre el medio ambiente y los recursos naturales, como por ejemplo la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, las emisiones de gases de efecto invernadero (N y CO2), la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad vegetal y animal, la desarticulación de los espacios forestales…

También encontraron limitaciones esos modelos agrícolas intensivos en los cambios culturales que estaban teniendo lugar desde los años 1990 en la sociedad europea e intensificados a comienzos del nuevo milenio. Eran cambios hacia valores postmaterialistas, que abrían espacios de creciente preocupación por los temas asociados a la salud, la calidad de vida y la preservación de los espacios naturales, contribuyendo también a ello la inquietud social por los problemas sanitarios provocados por enfermedades zoonóticas como la gripe aviar o la EEB (vacas locas).

El productivismo a ultranza del período anterior fue, de ese modo, cuestionado, debido, sobre todo, por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud, siendo relegado a un segundo plano en favor de modelos menos intensivos y más en sintonía con los nuevos usos y aprovechamientos de los espacios rurales por parte de la población, así como con los nuevos valores y demandas de los consumidores.

La agricultura como asunto de interés general (hacia una nueva legitimidad social)

En ese contexto de mayor dependencia de los productores fueron trasladándose gradualmente los centros de decisión desde el agricultor a otros grupos sociales y al resto de operadores económicos (industrias, empresas de suministro de insumos, gran distribución…). De ese modo, la agricultura dejaría de ser un asunto sectorial, que incumbía sólo al ministerio del ramo, los agricultores y sus organizaciones, para erigirse en un asunto de interés general.

Como consecuencia, se ampliaba el escenario de los debates agrarios, abriéndose la puerta a la participación de nuevos grupos sociales, muchos de ellos no directamente relacionados con la actividad agraria: ecologistas, propietarios y gestores de espacios forestales, productores de energías renovables, emprendedores de servicios, nuevos residentes de las áreas rurales… También a nuevos actores políticos, como los ministerios de comercio, consumo, sanidad o medio ambiente. Ello será motivo de tensiones en el seno de las comunidades rurales, provocando reacciones defensivas por parte de los agricultores y sus organizaciones, que cada vez más verán el mundo agrícola como un espacio amenazado desde fuera y sometido a limitaciones externas. Además, se generará en ellos la sensación de sentirse menospreciados y de recibir un escaso reconocimiento social y político, dando lugar a un creciente sentimiento de victimismo.

Sin embargo, es un hecho que la agricultura (debido a sus amplios efectos e implicaciones en muchos ámbitos de la vida económica y social) ha adquirido una importancia social muy elevada en tanto actividad esencial para la producción de alimentos, así como para la conservación de la biodiversidad y la preservación de los espacios naturales. Puede decirse que hoy la agricultura es lo bastante importante para el conjunto de la sociedad como para dejarla sólo en manos de los agricultores. Y es ahí en su creciente importancia social donde radica la nueva legitimidad de la política agraria y de las ayudas a los agricultores, y eso deben verlo los agricultores y sus organizaciones no como una amenaza, sino como una oportunidad.

Los programas de desarrollo rural

Para compensar la creciente desagrarización de la PAC se fue planteando a escala de la UE el discurso de la diversificación económica de los territorios rurales, conscientes las instituciones europeas de que la agricultura no podía seguir siendo el eje del desarrollo en muchos de esos territorios. Era también un contexto en el que se planteaba de un modo general la retirada del Estado de determinados ámbitos de intervención, dando paso al “retorno de la sociedad civil” para que fuera la propia sociedad local la que adquiriera protagonismo a la hora de definir su modelo de desarrollo.

Artículo publicado originalmente en LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería Nº. 296