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UPA - 01/08/2017
Un campo sin agricultores y ganaderos es un terreno abonado para los incendios. La mejor política de prevención del fuego es mantener un medio rural vivo, equilibrado y sostenible, en el que se garantice la compatibilidad de las actividades humanas como la agricultura y la ganadería extensiva con el cuidado del monte y de los bosques.
Como cada verano, los fuegos se convierten en una tragedia recurrente. Este año está siendo nefasto en lo que se refiere a incendios forestales, con una extensión y virulencia bastante superiores a los de ejercicios anteriores. En la mente de todos se encuentra el terrible incendio de Portugal del pasado mes de junio, con más de 40.000 hectáreas arrasadas por las llamas, 204 heridos, 64 muertos y un reguero de desolación.
También ha sido muy importante el incendio registrado en el Parque Natural de Doñana, donde se quemaron alrededor de 8.500 hectáreas, 2.000 personas debieron ser evacuadas y 50.000 quedaron aisladas. Durante los últimos diez años se han producido casi 50.000 incendios que han arrasado unas 900.000 hectáreas. Una acusación repetida y casi siempre injustificada señala a los agricultores y ganaderos como los principales causantes de estos incendios.
Noticias falsas y escandalosas tienden a imaginar que detrás de muchos de los incendios padecidos en nuestro país se encuentran las actividades agrícolas y ganaderas y, aunque las investigaciones posteriores suelen identificar otros orígenes en la mayoría de las ocasiones, la sospecha queda y se va convirtiendo en una suerte de lugar común.
Desde UPA queremos reaccionar indignados contra estas acusaciones poco justificadas. De hecho debemos manifestar exactamente lo contrario. Un campo sin agricultores y ganaderos es un terreno abonado para los incendios. La mejor política de prevención del fuego es mantener un medio rural vivo, equilibrado y sostenible, en el que se garantice la compatibilidad de las actividades humanas como la agricultura y la ganadería extensiva con el cuidado del monte y de los bosques. Es esa una relación beneficiosa para todos y es preciso que las Administraciones y la sociedad en general entiendan que un campo despoblado supone un grave peligro potencial para todos.
Los agricultores y ganaderos no son la causa que provoca los incendios, sino una de sus principales soluciones. Por eso en UPA estamos convencidos de que la mejor política de prevención de incendios es promover la agricultura y la ganadería familiar, compatibilizando las actividades agrarias con la protección del medio ambiente. Prácticas tradicionales, como la ganadería extensiva, han demostrado su eficacia a la hora de prevenir los incendios forestales. El ganado que pasta en extensivo tiene una enorme capacidad de desbroce natural, ecológico y económico, y facilita la conservación del medio. Los habitantes de los pueblos forman el grupo social más afectado por los incendios forestales, pues los fuegos se producen en entornos rurales y destruyen el medio en el que viven y trabajan los agricultores y ganaderos. Por ello, desde UPA hacemos un llamamiento a la concienciación de toda la sociedad para tratar de frenar este grave problema.
Infografía viralizada por UPA en las redes sociales para demostrar la labor de limpieza de los montes que realiza la ganadería extensiva
En el reciente incendio de Doñana, los agricultores han cumplido un papel muy importancia en la extinción del fuego, a pesar de los que afirmaban que la “agricultura descontrolada” se encontraba en el origen de la catástrofe. Desde que se declaró el incendio, los agricultores locales colaboraron con el puesto de mando avanzado que coordinaba las tareas para la extinción. Los helicópteros utilizaron el agua de las balsas de riego de las explotaciones freseras para apagar el incendio y durante la noche, más de 150 productores con sus tractores trabajaron haciendo cortafuegos y desbrozando zonas para acotar el fuego y frenar su avance.
Un medio rural ordenado, diverso y sostenible es la mejor garantía para frenar los incendios forestales. Los agricultores y los ganaderos son los principales gestores del territorio rural y su función es clave para asegurar el futuro de nuestros bosques. Ganadería extensiva y prevención de incendios Las prácticas de la ganadería extensiva son, en sí mismas, un remedio muy eficaz para prevenir los incendios forestales. Allí donde ovejas, cabras o vacas se encuentran pastando el monte está limpio y se reducen drásticamente los incendios y, en caso de haberlos, son mucho más fáciles de controlar.
Recientemente, el grupo político de Compromís ha propuesto en la Comunidad Valenciana que se ponga en marcha un plan que fomente la ganadería extensiva en las zonas de máximo riesgo de incendio como medida de prevención. Este plan incluiría una auditoría de la situación y un diagnóstico para valorar superficies y necesidades de inversión, así como un plan de acción y un cronograma para su desarrollo. En los últimos años ha habido una gran reducción de la ganadería extensiva y la ausencia de pastoreo significa una rápida e intensa densificación de la vegetación arbustiva, además de una acumulación de biomasa herbácea seca, que aumenta el riesgo de incendios forestales. En varios municipios fronterizos de la raya con Portugal se están introduciendo cabras para ayudar a limpiar los bosques. Son las denominadas “cabras-bombero”. Se estima que 40 cabras consumen 80 kilos de biomasa por hectárea en un día, lo que constituye un complemento ideal a las tareas de desbroce y trituración que realizan las cuadrillas forestales.
Todas las estadísticas disponibles señalan que en 2017 los incendios forestales han aumentado de manera vertiginosa, tanto en lo que hace referencia al número de incendios como a la superficie arrasada por el fuego.
Hasta el 9 de julio se han registrado algo más de 7.790 siniestros, que han afectado a una superficie forestal de 55.920 hectáreas. El número de grandes incendios (GIF como acrónimo de “Grandes Incendios Forestales”), que son los que se extienden por más de 500 hectáreas, ha sido, hasta ahora, de 8. Hay que indicar que estas cifras solo fueron más graves en el auténtico año negro de 2012, pero que superan ampliamente a la media de los últimos diez años. En esa década, el número de incendios por año ha sido de algo menos de 6.190 durante el primer semestre, con una superficie afectada ligeramente por encima de las 37.500 hectáreas. Sobre el total de superficie forestal arrasada por los incendios, el 64,6% se encontraba en la zona noroeste, el 19,5% en el área mediterránea y el 15,9% en las comunidades interiores.
En todo caso, en España hemos aprendido a ser muy eficaces en el combate contra el fuego. El 65% de los incendios se extingue en su fase de conato (con menos de una hectárea quemada). Durante los últimos diez años el número de incendios se ha reducido en un 41% en relación a la década anterior. También la superficie afectada disminuyó en un 33%. Aunque estos buenos datos esconden de todas formas una amenaza creciente: la proliferación de los grandes incendios forestales (GIF). El tamaño de estos incendios ha crecido en un muy preocupante 25% desde 2007. Hace dos décadas, los GIF suponían el 27% de la superficie total afectada. En la década pasada, ese porcentaje creció hasta el 37% y durante 2016 llegó al 50% de toda la superficie quemada.
Cuando se produce un fuego, especialmente si se trata de un fuego importante, rápidamente se desata la búsqueda de los culpables. “¿Quién ha sido?” es la pregunta que se hacen casi todos los medios de comunicación y, muy a menudo, con razón o sin ella, los agricultores y los ganaderos son señalados como los responsables principales de la catástrofe.
Es habitual que esas acusaciones no tengan la más mínima base y que posteriormente se identifique una causa diferente, pero el daño ya está hecho. Un último caso en ese sentido ha sido el del incendio de Doñana. En los primeros momentos, algunos medios señalaron a los ganaderos como los provocadores del fuego. También se habló, como si de una conspiración se tratara, de intereses vinculados a la construcción de un gasoducto, pero con posterioridad se está barajando la hipótesis de que el origen de este incendio está relacionado con una posible negligencia en una empresa carbonera del término municipal de Moguer. Habrá que esperar para confirmar esa investigación, pero la teoría “agraria” ha quedado completamente descartada.
Lo cierto es que alrededor de un 96% de los incendios responde a causas humanas. Tan solo un 4% son de origen natural (provocado por rayos), aunque ese porcentaje llega hasta el 10% en el litoral mediterráneo. Un 23% de los incendios es motivado por negligencias y accidentes.
La sequía extrema facilita, sin duda, el inicio y la expansión de los incendios. La situación de abandono y el escaso cuidado de los bosques generan unas masas forestales en las que cualquier chispa provoca un fuego que no puede ser detenido. Bosques resecos, sin apenas mantenimiento, zonas despobladas y sin actividad agraria o ganadera son polvorines dispuestos a arder a la menor oportunidad.
La vigente Ley de Montes fue aprobada en 2003, pero su última modificación es del 21 de julio de 2015. Entre las modificaciones introducidas se encuentra la redacción del artículo 50, donde se indica que “las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido: a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años; b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”. Este texto tan contundente, es preocupante matizado en el párrafo siguiente, cuando se afirma “Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones…” Más adelante, se indica también que “con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden…”.
Otra modificación muy contestada fue la de la supresión de la condición de funcionarios de los agentes forestales y su consideración como actores auxiliares con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Después de protestas bastante generalizadas encabezadas por los propios agentes forestales, el Grupo Popular introdujo una enmienda recuperando la definición vigente de este cuerpo.
Sea como sea, hay que indicar que en Andalucía no se ha aplicado ninguna normativa para poder autorizar la excepción que prevé la Ley, por lo que no es posible recalificar el territorio quemado en el reciente incendio de Doñana.
