El pasado mes de septiembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió el informe ‘Una perspectiva compartida para la agricultura y la alimentación en Europa’, elaborado por un grupo de expertos coordinado por el profesor alemán Peter Strohschneider.
El Informe Strohschneider es el resultado del diálogo estratégico al que se comprometió la presidenta de la Comisión Europea en los momentos álgidos de la pasada protesta agrícola de finales del año 2023 y principios de este 2024.
Pero, a diferencia de lo ocurrido otras veces, el de ahora no ha sido un diálogo en exclusiva con el sector de la producción agraria, sino con el conjunto del sector alimentario, participando una treintena de representantes institucionales, así como de distintos grupos de interés (industria de insumos y transformación, comercio y distribución…), además de asociaciones de consumidores y de entidades vinculadas a los temas de la conservación del medio natural y el bienestar animal. El Informe establece los grandes retos y oportunidades del sector alimentario europeo, y hace algunas recomendaciones, marcando una hoja de ruta para alcanzarlos.
Gran parte del Informe lo forman ideas ya sabidas, así como propuestas que vienen planteándose desde hace tiempo, por lo que no aporta grandes novedades, sino reafirmar lo ya conocido.
A saber: que es necesario reformar el actual sistema de ayudas directas; abordar con nuevos programas la instalación de jóvenes y el relevo generacional; mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, promover una transición ecológica justa; impulsar la investigación en áreas como la biotecnología; apoyar las iniciativas innovadoras; avanzar en la digitalización; incorporar el criterio rural proofing (verificación rural) en los planes de desarrollo…
Lo verdaderamente significativo del Informe es el amplio consenso alcanzado sobre los retos actuales del sector alimentario, con la voluntad de cooperar superando la polarización existente. Que yo recuerde es la primera vez que se logra un consenso de esa naturaleza por un elenco tan diverso de instituciones y grupos de intereses.
Las recomendaciones detalladas en el informe se estructuran en cinco pilares:
- Trabajar juntos por un futuro sostenible, resiliente y competitivo: esta parte aborda la necesidad de adaptar la PAC en el contexto de la transición en curso hacia sistemas alimentarios más sostenibles y competitivos, la importancia de reforzar la posición de los agricultores en la cadena de valor alimentaria, el acceso a la financiación y el papel del comercio y de las normas internacionales.
- Avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles: las recomendaciones de este epígrafe se centran en el apoyo y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, también para la ganadería, y abogan por una mayor sensibilización sobre el bienestar animal y el empoderamiento de los consumidores para elegir dietas sostenibles y equilibradas.
- Promover la resiliencia transformadora: ante los crecientes riesgos medioambientales, climáticos, geopolíticos y económicos, el informe destaca la necesidad de reforzar las herramientas de gestión de riesgos y la gestión de crisis, así como de preservar y gestionar mejor las tierras agrícolas, promover una agricultura resiliente al agua y desarrollar enfoques innovadores de mejora vegetal.
- Construir un sector atractivo y diverso: la importancia del relevo generacional y de la igualdad de género, así como de unas zonas rurales y unos sistemas agroalimentarios dinámicos, se detalla en esta sección, incluida la necesidad de proteger a los trabajadores.
- Mejor acceso al conocimiento y a la innovación y uso de los mismos: las recomendaciones concluyen que debe facilitarse el acceso a los conocimientos y las capacidades, y que la digitalización es una oportunidad.
Unos objetivos que, necesariamente, hay que vincular (ya sea por conexión o desconexión) con otros informes y documentos previos de la Comisión Europea, que pueden tener importantes consecuencias en el caso de que sus propuestas sean trasladadas al ámbito de las políticas comunes.
Me refiero a los Informes Draghi y Letta y al documento más reciente (todavía no oficial) de la Comisión Europea relativo a las reformas estructurales que se plantean de cara al presupuesto plurianual de la UE post-2027.
Aumentar el presupuesto común y abordar reformas estructurales
A nadie se le escapan las crecientes dificultades de gestionar una UE-27 que, además, tiene el propósito de ampliarse a nuevos países en los próximos años. Asimismo, es innegable el retraso de la UE respecto a EE. UU. y China en crecimiento y productividad. Si, por ejemplo, en 2000 la brecha respecto de EE. UU. era del 18%, ahora en 2023 ha aumentado al 30%.
Ello pone de manifiesto el incumplimiento de los objetivos planteados en el Consejo de Lisboa de 2000, donde se proclamaba que, en la década siguiente, la UE debía convertirse en “la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.
Han pasado dos décadas desde entonces y el rezago económico de la UE respecto de sus competidores es evidente.
Ante esa realidad, los Informes Draghi y Letta plantean con nitidez la necesidad de aumentar el presupuesto común de la UE (proponen pasar del paupérrimo actual 1% del PIB a casi el 5%) y de realizar reformas profundas en su estructura presupuestaria. Y todo ello para afrontar, señalan, las inversiones que se precisan para reducir la brecha de crecimiento de la UE con las demás potencias mundiales y para financiar nuestro modelo social del que tan orgullosos nos sentimos.
En esos dos informes se incluyen, además, afirmaciones sobre la PAC que son, desde hace tiempo, bastante recurrentes en algunos círculos europeos y que no es la primera vez que aparecen en documentos externos, aunque, al ser asumidos por la Comisión Europea, generan inquietud en el sector.
Me refiero a la afirmación que se hace en el Informe Draghi de que la PAC supone más del 30% del presupuesto común de la UE, y que eso, junto al porcentaje similar destinado a la política de cohesión, constriñe el avance hacia políticas innovadoras de mayor ambición. Es una afirmación que lleva implícito el mensaje de que el gasto de la PAC es excesivo y que representa un lastre para futuras reformas, por lo que, en opinión de estos dos expertos, habría que seguir reduciéndolo para dedicar recursos a otras políticas.
Sin embargo, siendo ciertos los datos, es esta una afirmación valorativa que se ajusta poco a la realidad. Si la PAC es una de las dos políticas comunes más importantes (con la cohesión) y el presupuesto de la UE está destinado a financiar las políticas comunitarias, es obvio que sea en ellas donde se concentre la mayor parte de este.
Pero de ahí a afirmar que el coste de la PAC (386.602,8 millones de euros para el periodo 2021-2027) resulta excesivo, es una valoración que no se sostiene empíricamente, pues no llega al 0,4 % del PIB europeo, cuando el peso económico de la producción agraria alcanza casi el 2% (y eso sin contar la importancia de la agricultura para el conjunto de la cadena alimentaria o para la vertebración de las áreas rurales).
Una PAC siempre cuestionada
En todo caso, y con independencia de que los recursos destinados a la PAC se consideren justificados, excesivos, escasos o suficientes, es una política siempre cuestionada. Ya sea por círculos de opinión e incluso por algunos gobiernos que la ven como una rémora con la que habría que acabar; ya sea por los que reivindican que esté mejor dotada para que los agricultores puedan afrontar los nuevos retos climáticos, o ya sea por los que proponen una reforma menos cosmética y más profunda que la adapte a los nuevos tiempos, lo cierto es que la PAC siempre ha sido una política bajo sospecha, sobre todo desde la Agenda 2000.
En consecuencia, su continuidad nunca ha estado garantizada, por lo que, cada vez que se inicia un nuevo periodo de programación, los agricultores y sus organizaciones profesionales harían bien, antes de criticarla, en celebrar que siga existiendo una política como la PAC que ha sido clave en el proceso de construcción europea y cuyos efectos se extienden al conjunto de la sociedad.
Por eso, de cara a la futura negociación de la PAC, que se abrirá el año próximo, no debiera sorprender que de nuevo se escuchen mensajes, como el incluido en los Informes Draghi y Letta, que la cuestionan en el marco de una UE que afronta nuevos desafíos.
