La ley de agricultura familiar pretende incidir específicamente en las explotaciones familiares, facilitándoles las herramientas para que puedan afrontar todos los retos y adaptarse al contexto actual de cambio. En definitiva, la ley de agricultura familiar consolidará la diversidad y coexistencia entre los diferentes modelos de agricultura y ganadería de nuestro territorio.
En el mapa agrario de nuestro país, hay una constante que atraviesa comarcas, generaciones y paisajes: la agricultura y ganadería familiar. Se trata de mucho más que una forma de producción, porque, más allá de la economía que genera, representa una manera de vivir, de unirse a la tierra y de construir comunidad. Además, constituye la espina dorsal de nuestro sistema agroalimentario y es, hoy más que nunca, una pieza clave para afrontar desafíos globales, como la cohesión social y territorial, la sostenibilidad, y la seguridad alimentaria.
Pese a su implantación y relevancia estratégica, España no cuenta, por el momento, con una definición normativa propia de lo que entendemos por agricultura familiar. La FAO la define como la forma de producción agrícola y ganadera que es gestionada y administrada por un núcleo familiar y en donde la mano de obra es proporcionada en gran medida por dicho núcleo. Es interesante hacer notar que el tamaño no es la variable determinante, aunque la mayoría de las explotaciones familiares sean pequeñas y medianas; pueden existir explotaciones pequeñas que no tienen nada de familiar y otras medianas (o incluso grandes) que tienen una gestión completamente familiar.
Es una definición amplia con la que la FAO abarca una gran diversidad de situaciones y modelos. No se limita a una definición meramente económica, sino que destaca el papel de este modelo en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, la transmisión intergeneracional de conocimientos y la vinculación al territorio.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha mostrado a favor de este modelo en numerosas ocasiones. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen su papel estratégico en la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente.
El modelo de agricultura familiar ha probado ser eficaz y resistente, a la vez que ha demostrado una gran capacidad de adaptación ante los desafíos de cada época. Hoy, cerca del 80% de las explotaciones en España responden a esta estructura y son las responsables de que dispongamos de alimentos sanos, de calidad y a precios razonables, todos los días, tres veces al día. También de nuestras exportaciones agroalimentarias que, el año pasado, aportaron la cifra récord de 75.090 millones de euros, un 5,8% más que en el ejercicio anterior y un saldo positivo de 19.232 millones de euros para nuestro país.
Por otra parte, su arraigo territorial constituye un elemento diferenciador de gran relevancia social y medioambiental. Frente a Luis Planas Puchades Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación En apoyo a la agricultura familiar y profesional modelos productivos más desconectados del medio, la agricultura familiar actúa de anclaje social y económico en el mundo rural, con el consiguiente refuerzo a la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la construcción de un futuro más justo y equilibrado. Es el modelo de actividad a través del cual agricultores y ganaderos se asientan sobre el territorio y crean vínculos con él, convirtiendo la actividad no solo en su profesión sino en su vocación.
Asimismo, es un tipo de agricultura clave en la sostenibilidad medioambiental. Su conocimiento del entorno, la relación directa con los ciclos de la naturaleza y el uso racional de los recursos la hacen protagonista en la lucha contra el cambio climático y la preservación del capital natural, uno de los desafíos más acuciantes del presente.
Ley de agricultura familiar y profesional
Consciente de la importancia vital de este modelo agrario, el Gobierno de España ha iniciado el proceso de redacción de un proyecto de ley que lo impulse. Se trata de un compromiso de legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de conseguir retribuciones justas para nuestros agricultores y ganaderos, y una sociedad más próspera.
En este sentido, el pasado 3 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió la consulta pública para recabar las aportaciones del sector y los agentes sociales, con quienes se quiere mantener un diálogo permanente en la elaboración del texto.
La legislación estatal existente que, directa o indirectamente, fomenta este modelo de agricultura (principalmente la Ley 19/1995 de modernización de explotaciones, aunque hay otra normativa que podría ser afectada, como la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida, entre otras) necesita una adaptación integral a la a la realidad social, económica y normativa actual, tras varias décadas desde su promulgación.
Concebimos este proyecto de ley como una apuesta decidida por preservar, reforzar e impulsar el modelo familiar, que representa, al mismo tiempo, tradición y futuro. Para ello promoveremos un marco normativo claro que reconozca y priorice el respaldo a las explotaciones familiares, mediante el fomento de medidas que fomenten su viabilidad económica, su sostenibilidad y su profesionalización.
Cabría preguntarse qué tipo de agricultura familiar queremos defender y promover. El abanico de tipologías es muy amplio.
Apoyar el modelo de agricultura familiar –al que debemos añadir el apelativo de ‘profesional’– es una oportunidad para consolidar nuestro sector agroalimentario y para dinamizar nuestros territorios rurales. El apelativo profesional es importante, puesto que, a través de la ley de agricultura familiar, queremos acompañar al sector agrario en su esfuerzo por una mayor profesionalización que consolide la rentabilidad de las explotaciones y refuerce su resiliencia. Queremos una ley útil y orientada a que los agricultores y ganaderos tengan más peso en la cadena de valor, más facilidades en el acceso a sus medios de producción, más igualdad y más factores para dar respuesta positiva al reto demográfico.
Las ayudas públicas deben ir a quienes más las necesitan. Las explotaciones de tamaño familiar, por sus dimensiones y economías de escala, necesitan apoyos específicos; es decir, priorizar el modelo productivo que queremos en las diferentes líneas de ayudas que les afecten. Este acompañamiento específico permitirá asegurar su rentabilidad y transición hacia una mayor sostenibilidad.
Se trata de un enfoque coherente con la implementación de la Política Agraria Común (PAC) que, en los últimos años, hemos promovido en España y que ha supuesto la incorporación de instrumentos como el pago redistributivo o el “capping” para favorecer a los agricultores que más lo necesitan.
Obviamente, la futura ley de agricultura familiar deberá mantener esa misma sintonía con la PAC del próximo periodo de programación (2028-2034). No en vano el modelo de agricultura y ganadería familiar es también una prioridad para la Unión Europea. El documento “Visión para la Agricultura y la Alimentación” se orienta en esa línea y hace una declaración explícita sobre la necesidad de que las ayudas se dirijan, en mayor medida, a quienes más requieren de ellas para dar viabilidad a su explotación.
Transformación ante los desafíos
La ley de agricultura familiar vendrá, por tanto, a sumarse a otras medidas y recursos para contribuir a la conservación y el desarrollo de este modelo de actividad agraria. Es un modelo que afronta grandes y profundos retos, como el relevo generacional, la competencia de mercados globales, el acceso a la tierra, el agua y el crédito, la necesidad de modernización o la transición ecológica; retos que son el origen de los profundos cambios que está experimentando el modelo en la actualidad. Por ello se requieren respuestas audaces y a la altura del gran valor económico, social y medioambiental que nos aporta este tipo de agricultura.
El envejecimiento de los titulares de explotación —más del 40% sobrepasa los 65 años— evidencia la urgencia de facilitar el relevo generacional. Por otra parte, la dificultad en el acceso a la tierra –factor de producción esencial en la actividad agraria– limita enormemente la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores. Asimismo, el difícil acceso a recursos financieros apropiados incide negativamente en la falta de modernización y adopción de innovaciones en las explotaciones, poniendo en riesgo su rentabilidad y sostenibilidad.
Si la agricultura en general no es ajena a la economía más abierta y a los mercados más globalizados de hoy en día, las explotaciones familiares sí son especialmente vulnerables antes posibles crisis de mercados y en escenarios de fuerte competencia, que generan contextos de volatilidad e incertidumbre que terminan impactando negativa y especialmente en las explotaciones de menor dimensión y con menor capacidad de adaptación.
También debemos reforzar el papel de la mujer rural, mediante el impulso de su acceso a la titularidad, a la toma de decisiones y a los recursos productivos. Estas transformaciones no sólo son justas, sino necesarias para que la agricultura familiar evolucione sin perder su esencia. Además, es preciso promover la incorporación de tecnología e innovación, con una visión que combine eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida. Digitalizar el campo, apostar por el conocimiento y fomentar el cooperativismo son claves para aumentar el valor añadido, reforzar la posición negociadora y mejorar la capacidad de adaptación frente a las turbulencias del mercado.
España es un país con una rica diversidad de modelos productivos, pero no todos aportan el mismo valor social ni enfrentan los mismos desafíos, o las explotaciones tienen la misma capacidad para afrontarlos. La ley de agricultura familiar pretende incidir específicamente en las explotaciones familiares, facilitándoles las herramientas para que puedan afrontar todos los retos y adaptarse al contexto actual de cambio. En definitiva, la ley de agricultura familiar consolidará la diversidad y coexistencia entre los diferentes modelos de agricultura y ganadería de nuestro territorio.
La agricultura familiar y profesional es un modelo que debemos cuidar porque aporta cohesión, empleo, innovación y sostenibilidad. Es la base sobre la que queremos construir una alimentación de calidad, accesible y justa para todos.
Frente a la amenaza de la uniformidad o del abandono, esta ley representará un impulso para que las explotaciones familiares puedan seguir cumpliendo su función con dignidad, en igualdad de condiciones y con las herramientas necesarias para prosperar. Queremos una agricultura con agricultores. Una agricultura con rostro humano, con raíces profundas y mirada hacia el horizonte del futuro.
Artículo publicado originalmente en el Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar 2025
