UPA Andalucía ha presentado el balance agrario de 2020, un año fatídico para la agricultura y la ganadería de la región. Marcado por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, 2020 acaba con una crisis de bajos precios en origen de todos los productos, especialmente del aceite de oliva, las barreras comerciales y, sobre todo, las movilizaciones de los Agricultores al Límite. El secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, acompañado por el secretario de Agricultura y responsable de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha desgranado los temas más importantes para la Organización, así como los retos previstos para el 2021.
En este sentido, UPA Andalucía considera que el sector productor se perpetúa trágicamente un año más como el eslabón más débil de la cadena alimentaria, con graves problemas para obtener rentabilidad por sus producciones, pues el precio que agricultores y ganaderos reciben por ellas siguen anclados a día de hoy en umbrales por debajo de costes de producción. No obstante, desde la Organización tenemos la convicción de que una rigurosa aplicación de la recientemente reformada Ley de la Cadena Alimentaria podría venir a solventar buena parte de los problemas de precios que padece el sector primario. La ley, aunque presenta aún algunas deficiencias, servirá de gran ayuda al sector siempre y cuando los operadores respeten de forma estricta el marco legal y las administraciones públicas velen por su cumplimiento sancionando de forma ejemplarizante a los operadores que no lo hacen. De esta forma evitaríamos a buen seguro los abusos a lo largo de la cadena.
A los problemas mencionados, se unen las complicaciones que plantean las barreras comerciales que están han afectado y continúan afectando a nuestro agro perturbando los mercados agrarios, generando gran incertidumbre. Estos son, por un lado, los aranceles de EEUU sobre productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, aunque se espera que próximamente haya una renegociación de los mismos gracias a la reciente elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El veto ruso es otro conflicto que se prolongará hasta finales de 2021.
En cuanto al acuerdo en el Brexit, UPA Andalucía estima que el sector agrario es uno de los sectores que salen mejor parados, ya que se ahorrará 198 millones de euros en derechos arancelarios. Se alcanza por tanto de un acuerdo de libre comercio sin aranceles y sin límites en la cantidad de productos a intercambiar. Sin embargo, existirá una mayor burocracia, por lo que las empresas deberán estar preparadas.
Otra dificultad de mercado que sufre el sector agrario son las importaciones de productos de terceros países, con unos acuerdos de libre comercio que acaban siendo una competencia tremendamente desleal con nuestras producciones de hortícolas, frutales, cítricos, o almendra fundamentalmente. Para resolver esto último, es necesaria la aplicación por parte de la UE de los Principios de Preferencia y de Reciprocidad.
Fruto de todas estas dificultades con las que convive a diario el sector agrario, los agricultores y ganaderos protagonizaron en el primer trimestre de 2020 -hasta que fueron interrumpidas por la pandemia- lo que ha sido probablemente el mayor proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España. El sector productor unido se declaró “al límite” y desarrolló, a lo largo de toda nuestra geografía, numerosas acciones reclamando una intervención política y normativa para lograr respeto, dignidad y precios justos para los productos agroalimentarios.
En lo relativo a la Política Agraria Común (PAC) de cara al periodo 2021/2027, la organización ha incidido en la necesidad de una reforma con un presupuesto fuerte y que defienda a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que sustentan y vertebran el medio rural. Es esencial que se haga un reparto más justo y más social de las ayudas, donde se confiera mayor protagonismo y facilidades a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y a la titularidad y reconocimiento de derechos de las mujeres que trabajan en las explotaciones. También debemos luchar por la introducción de techos en las ayudas, y de pagos decrecientes y redistributivos para contribuir a esa justicia.
