Para los hombres y las mujeres que trabajamos en la agricultura y la ganadería familiar, profesional, no es fácil asimilar la relación cada vez más directa entre nuestra actividad, a pie de campo, en nuestros pueblos, con el aluvión de noticias diarias sobre grandes conflictos internacionales, guerras injustas y absurdas, decisiones estrambóticas de los máximos responsables de las “grandes potencias” cuyas consecuencias nos terminan afectando a todos.
Los hombres y las mujeres que trabajamos en la agricultura y la ganadería familiar en España, en Europa y en el resto del mundo tuvimos que adaptarnos, en el trasiego del salto de siglo entre el XX y el XXI, a los desafíos de la globalización, un cambio en la organización mundial del comercio que no dejaba de ser una nueva mutación del orden capitalista internacional para favorecer con menos trabas los intercambios de materias primas y productos industriales de todo tipo. Desde nuestras explotaciones, observamos entonces, como ahora, los riesgos y las amenazas de esa aventura global y, mal que bien, encontramos el camino para salir adelante, presionando a los gobiernos y las instituciones supranacionales para que no se olvidasen de nosotros, reclamando la justicia de un marco regulador y protector adecuado a la vulnerabilidad intrínseca a nuestro trabajo.
Alimentamos al mundo, porque sin productores no hay productos, y la inevitable necesidad de tierra y medios de producción locales para sostener la producción condiciona el arraigo de cultivos y ganadería en cada territorio, frente al impulso de las últimas décadas a la deslocalización de la industria y los servicios, provocada por la globalización en la búsqueda del máximo beneficio al menor coste.
Somos una prioridad global
Por ello ahora conviene recordar otra vez que la agricultura y la ganadería familiar, profesional, debe estar en el epicentro de las prioridades globales ante la catarsis del nuevo orden mundial que se está gestando. No nos asusta, aunque nos preocupe, competir desde la humildad de nuestras explotaciones en los mercados internacionales. Estamos acostumbrados y sabemos hacerlo. Producimos cantidad y calidad, generamos marca y prestigio, unimos fuerzas en cooperativas y herramientas interprofesionales. Y, además, respetamos y valoramos el trabajo de las personas que trabajan con nosotros.
Pero cada vez es más complicado planificar una campaña, abordar una inversión o hacer una previsión de costes y renta si por el camino van y vienen aranceles sin sentido; salta por los aires el flujo de fertilizantes a precios razonables, como está sucediendo este año por la guerra en Irán; o la “inestabilidad” de los mercados internacionales sirve de excusa a los especuladores nacionales para pagar precios de ruina por los cereales. Intentando trasladar toda esta complejidad global a nuestro entorno más próximo, que es la Unión Europea, la conclusión viene a ser la misma: la agricultura y la ganadería familiar, profesional, tiene ante sí el reto de ganar peso, protagonismo, prioridad y trascendencia en los grandes debates y estrategias hacia el futuro.
Nosotros lo tenemos claro. Trabajando la tierra con prácticas más sostenibles, mimando los suelos, cuidando al ganado con obsesión por el bienestar animal, afrontando los desafíos más y más duros cada año por el cambio climático, innovando en procesos y tecnología. Y, sobre todo, empeñados en la presencia creciente de jóvenes que emprendan proyectos de vida en sus pueblos, vinculados a la agricultura y la ganadería.
Por nuestra parte que no quede. Pero necesitamos apoyo. Un compromiso social y político corresponsable con el equilibrio de intereses compartidos entre nuestra contribución a la sociedad y lo que esperamos a cambio: reconocimiento del valor de nuestro trabajo en forma de precios y mercados justos, sin abusos; y una distribución igualmente justa del esfuerzo colectivo de la sociedad europea hacia el sector agrario, para evitar que los más beneficiados terminen siendo quienes menos lo necesitan.
De ahí la enorme trascendencia del debate abierto ahora en la Unión Europea sobre el futuro de la Política Agraria Común. Y no solo por las amenazas de la “letra pequeña” sino, sobre todo, por lo que trasciende del posicionamiento estratégico de la PAC en el rumbo general de Europa.
El futuro de la PAC, en peligro
Nadie duda que estamos en un momento clave del proceso de reforma de la Política Agraria Común a partir de 2027. La propuesta presentada hace unos meses por la Comisión Europea, que reducía el presupuesto y diluía el carácter común de la PAC, fue contestada con voces críticas de forma casi unánime, tanto desde el sector agrario, como en colectivos medioambientalistas, fuerzas sindicales…, y desde los propios Estados Miembros. El rechazo a la propuesta se centró en la reducción del presupuesto asegurado para la PAC, que sería un 22% inferior al anterior periodo; aunque la presión de las movilizaciones de las organizaciones agrarias europeas ya ha conseguido suavizar ese la propuesta de recorte, a la espera del resultado final de unas negociaciones entre Estados e instituciones europeas, que siempre son largas y muy complicadas.
Por otro lado, el debate se centra en la llamada nueva gobernanza, basada en un “plan país” donde la PAC podría quedar diluida y terminar dejando de ser verdaderamente una política común.
Esta cuestión provoca temor en el sector, y también en las Administraciones de ámbito agrícola (tanto nacional como autonómicas). Con el nuevo modelo de gobernanza España debería elaborar un “plan país”, no solo de aspectos agrícolas, y evidentemente este proceso no estaría solo en manos de las administraciones agrícolas. El poder lo tendrían los responsables económicos. La agricultura y la ganadería tendrían que luchar contra otros intereses que podrían ser más fuertes; y ya tenemos malas experiencias en procesos similares, como por ejemplo en el destino final que han tenido los fondos NextGeneration.
En la actualidad, algunas medidas del primer pilar, como la ayuda básica a la renta, los ecorregímenes, las ayudas asociadas o el pago redistributivo, ya tienen incorporado algún elemento de distribución más justa, y están condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos ambientales y sociales.
En su propuesta, la Comisión propone que la ayuda por hectárea admisible tenga una fuerte degresividad, comenzando las reducciones a partir de los 20.000 euros. Sin embargo, sobre el resto de ayudas parece no importarle que exista una concentración de dinero en grandes perceptores de apoyo público.
¿A quién beneficia la PAC?
Pero donde sin duda debe estar el verdadero objetivo de la nueva PAC es en conseguir un reparto más justo de las ayudas. Solo hay que hacer un repaso por los datos disponibles para comprobar cómo los principales beneficiarios de ayudas de la PAC no son agricultores y/o ganaderos, sino empresas de la agroindustria, aunque no están tanto en el foco mediático como el sector productor.
Para poder recibir la mayor parte de las ayudas de la PAC en el marco actual para los agricultores y ganaderos es necesario el cumplimiento de los requisitos de la denominada condicionalidad reforzada (criterios ambientales y sociales). Desde UPA proponemos que los beneficiarios de la PAC en el ámbito de la agroindustria tengan que cumplir con ciertos requisitos de índole comercial.
Ha llegado el momento de introducir una visión única en toda la política de apoyo a la agroindustria, también a las cooperativas, de tal forma que los fondos PAC deberían vincularse a no haber recibido ningún tipo de sanción de la AICA en los últimos tres años y asegurar el pago, al menos, de los costes efectivos de producción a sus clientes.
Volviendo a las ayudas directas dirigidas a los productores, la Comisión Europea, más allá de marcar algunas líneas generales, deja la redacción de la letra pequeña a los Estados Miembros. Por ello, en UPA consideramos que estamos en un momento decisivo sobre quién debe ser el objetivo prioritario del apoyo y quién debe quedar fuera del mismo. Y tenemos claro que es el momento de que la PAC deje de ser una fuente de desigualdad en el campo, siendo necesario hacer un esfuerzo por definir de manera correcta la agricultura y ganadería familiar como colectivos prioritarios.
Además, debemos ser conscientes de la tendencia negativa que estamos sufriendo en cuanto al número de personas beneficiadas por las ayudas de la PAC, perdiendo la masa social que sin duda sostiene esta política pública. El futuro de la PAC pasa por conseguir un reparto más justo y más social, evitando la creación de un club demasiado exclusivo y escandalosamente bien financiado que no justifique las aportaciones del conjunto de la sociedad europea.
Sin entrar en muchos números, en la actualidad unos 3.600 beneficiarios de la PAC, el 0,59% de los perceptores, se reparten casi el mismo dinero que más de 413.000 explotaciones familiares que suponen el 67% deltotal de beneficiarios de la PAC. Una situación absolutamente insostenible.
Es el momento de trabajar en los despachos de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura y de Bruselas para plantear propuestas que beneficien a la mayoría social de los agricultores y ganaderos.
Una necesidad que volvemos a comprobar ahora con la crisis de precios y suministro en los fertilizantes, como consecuencia de la guerra en Irán. Esta situación ha demostrado que Europa no puede seguir manteniendo su estructura productiva sobre la base de unos fertilizantes nitrogenados obtenidos a partir de un gas que no tenemos. Necesitamos ayudas inmediatas para superar este escenario coyuntural, pero también alejarnos de esa dependencia tan grande que además se rige por unas cadenas logísticas que son muy vulnerables ante cualquier conflicto geopolítico. Europa debe reducir su dependencia exterior en este tema, ganar soberanía a base de fertilizantes orgánicos, a partir de residuos agrícolas y ganaderos, cuyas ventajas son múltiples y evidentes.
Ley de Agricultura Familiar, urgente y necesaria
Y es también el momento, sin excusas y sin rodeos, de cumplir promesas y compromisos, como ocurre con la Ley de Agricultura Familiar, que fue un compromiso de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es una reivindicación irrenunciable para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, con independencia del proceso de reforma de la PAC en la Unión Europea.
España ya ha sido punta de lanza en Europa con cambios normativos tan importantes como la Ley de la Cadena Alimentaria, que ha marcado el camino a la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales a nivel europeo, o la Ley de Titularidad Compartida. Y ahora debe volver a serlo con la Ley de Agricultura Familiar.
Por ello, desde UPA reclamamos con insistencia al Gobierno para que siga adelante con el proyecto y a todas las fuerzas políticas para que apoyen la aprobación de esta ley, que debe servir para abordar los grandes retos del sector agrario, como son el relevo generacional, el acceso al agua, la tierra y la financiación; o el destino de programas de apoyo a la innovación y la digitalización.
Artículo publicado originalmente en el Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar 2026.
