Las promesas son para cumplirlas
En noviembre de 2023, después de unas largas y complejas negociaciones políticas, el Congreso de los Diputados invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En su discurso de investidura, hubo varias referencias importantes a la necesidad de mejoras en la agricultura, la ganadería y el mundo rural, entre las que por encima de todas destacó una promesa: impulsar lo antes posible una Ley de Agricultura Familiar.
En la página 21 de la transcripción literal del discurso de Pedro Sánchez se puede leer: “Y quiero anunciarles que vamos a aprobar una ley de agricultura familiar que va a favorecer este tipo de agricultura, que va a generar valor añadido social y vinculación con el territorio”.
Unos meses después, el 10 de julio de 2024, el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la clausura del acto anual de la Fundación de Estudios Rurales de UPA, se comprometió a “abrir un proceso de debate con las organizaciones del sector para acordar los contenidos de la ley de agricultura familiar, con el objetivo último de conseguir una norma que sea realista y ambiciosa, con la previsión de que a final de año o comienzos de 2025 esté elaborado el anteproyecto para someterlo a la aprobación en primera lectura del Consejo de Ministros”. En política, como en todos los órdenes de la vida, las promesas son para cumplirlas. Por ello ahora, arrancado ya 2025, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos reclama al Gobierno que cumpla sus compromisos. La Ley de Agricultura Familiar es necesaria desde hace mucho tiempo, pero es cada vez más urgente, porque un soporte normativo de este tipo marca el camino del futuro, establece prioridades, define y sostiene el modelo productivo y social por el que debe apostar España para garantizar progreso, relevo generacional, prácticas sostenibles…; en definitiva, futuro. Un futuro que necesitamos todos, los que vivimos y trabajamos en el campo, pero también el conjunto de la sociedad a la que aportamos el resultado de nuestro trabajo.
En UPA somos conscientes, cómo no, de la enorme dificultad y complejidad de la situación política y los equilibrios parlamentarios. Pero entendemos que esta situación, más allá de las dificultades, es el mejor escenario para conseguir, finalmente, resultados positivos y de consenso. Puede que, para llegar al objetivo de impulsar una ley como la que reclamamos y necesitamos, estemos en un momento de ahora, o nunca.
Nosotros hemos demostrado también, en el pasado y en el presente, nuestra disposición permanente a proponer salidas y alcanzar acuerdos. Así ha sido en 2024, con las movilizaciones de los primeros meses, las negociaciones y el acuerdo de 43 medidas alcanzado por UPA con el Ministerio de Agricultura, que han sido un gran revulsivo para el sector, para todo el sector, incluidos los que rechazaban nuestro acuerdo.
Con esa misma fuerza exigimos ahora al Gobierno que cumpla su promesa sobre la ley. Estamos a tiempo, pero no nos sobra tiempo. Y tenemos, además, un claro apoyo social. Para comprobarlo, basta analizar los datos del último Eurobarómetro, en los que se constata una mayor consciencia de la sociedad española, respecto al conjunto de países de la UE, tanto en relación con las últimas movilizaciones como en la trascendencia de la PAC, la importancia de las ayudas a los agricultores y ganaderos, y la necesidad de reconocer el esfuerzo de sostenibilidad y buenas prácticas de la Unión Europea en los acuerdos comerciales con terceros países.
Las mujeres y los hombres que trabajamos en explotaciones familiares, de pequeña y mediana dimensión, contribuimos a sostener el territorio; mantener la biodiversidad; asegurar la variedad y calidad de las producciones; generar empleo y riqueza, incluida nuestra implicación positiva con la población migrante; y apostamos, como no puede ser de otra forma, por el relevo generacional, desde dentro o fuera de nuestras familias…
Y para todo ello, necesitamos apoyo. Con leyes que reconozcan nuestro valor. Para que ese concepto tan etéreo y peligroso de “los mercados” sienta la presión legal, pública y social a favor de la agricultura familiar. Solo así haremos frente a los movimientos especulativos con el bien común que son las tierras productivas, convertidas en recurso fácil de fondos de inversión, cuyos responsables no sabrán nunca ni dónde están realmente sus “propiedades” ni quién las trabaja ni qué producen.
Editorial del número 302 de la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería.
