Sin embargo, otros territorios también rurales experimentan procesos de reactivación demográfica, logrando competir con éxito en el actual entorno global gracias a la diversificación de la actividad económica y de acuerdo con las nuevas demandas sociales, observándose en ellos síntomas de un cierto “renacimiento rural”.
Esta situación, compleja bien es cierto, pero también llena de retos y oportunidades, plantea una serie de interrogantes respecto a la realidad diversa y heterogénea del mundo rural español. Es una realidad sobre la cual, fruto del desconocimiento, se generaliza demasiadas veces sin tener en cuenta que las áreas rurales españolas son muy diferentes entre sí, y que las propuestas que parecen apropiadas para unas, puede que no lo sean para otras. Cuestiones sobre la importancia de la agricultura, sobre el envejecimiento, sobre la situación de las mujeres, sobre el acceso al mercado de trabajo o sobre la brecha tecnológica son cuestiones a las que no se les puede dar respuesta de manera general, ya que en cada territorio la realidad es distinta.
No somos pocos los que nos preguntamos si tiene sentido seguir hablando de “lo rural” como algo singular y diferenciado de “lo urbano”. Esta pregunta es pertinente siempre que tengamos en cuenta la diversidad a la que hemos hecho referencia. Hay territorios en los que esa singularidad se percibe de forma clara, tanto en sus tipos de actividad económica como en la cultura o en la base en que sustenta las relaciones sociales de la población que reside en ellos.
Pero en otros territorios eso no está tan claro, ya que la interacción rural-urbana es tan estrecha, y la interdependencia entre las poblaciones del medio rural y del medio urbano es tan fuerte, que prácticamente se diluyen las diferencias entre ambos y no tiene sentido enfatizar la singularidad de un mundo rural que ya no es tal.
¿Existe todavía lo rural?
Por eso es pertinente hacerse esta pregunta y no darla por respondida de antemano. No es una pregunta planteada al azar, sino que responde a la realidad de muchos de nuestros municipios rurales, que envejecen, se masculinizan y se despueblan, mientras que las inversiones y los servicios de calidad se establecen en las ciudades. Es verdad que no ocurre en todos los territorios rurales, y que la realidad es diversa, tal como puede verse en la información que nos proporcionan las fuentes estadísticas.
Sin embargo, hay rasgos comunes a todos ellos. Por ejemplo, son ciertas las bases rurales de una gran parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, y también es cierta la riqueza del patrimonio arquitectónico y monumental que atesoran nuestros pueblos y villas rurales, al igual que lo es la vinculación con la naturaleza de muchos de nuestros territorios rurales y su rica biodiversidad (el 27% de nuestros territorios rurales forma parte de la Red Natura 2000).
Es también cierto que gran parte de nuestras pautas generales de convivencia tienen una base anclada en los valores transmitidos por la sociedad rural al conjunto de la sociedad española. Desde el punto de vista político, el municipalismo desempeña en nuestras áreas rurales un papel fundamental gracias al gran número de municipios extendidos por todo el territorio, siendo la base de la participación de las poblaciones locales en sus propias estrategias de futuro, y una ventana abierta al resto de España y del mundo.
Sea como fuere, lo cierto es que la fuerte distinción que existía, hasta hace unas décadas, entre el mundo urbano y el mundo rural se ha ido desdibujando, tanto en lo que se refiere al modelo de vida como a la estructura social y a las modalidades de ocupación del espacio. Esto hace que, en el actual siglo XXI, no exista con tanta nitidez como antaño la dicotomía campo-ciudad al ser cada vez más difusas las líneas que los separan en muchos territorios. Esto es debido, sobre todo, a las nuevas tecnologías y los medios de transporte y comunicación, que, como sabemos, facilitan el contacto y el encuentro entre los distintos segmentos de la población rural (especialmente entre los más jóvenes, pero también entre los no tan jóvenes) y entre estos y los de áreas territoriales más alejadas.
Esta fuerte interacción (real y virtual) está afectando a las modas y hábitos sociales, así como a los hábitos alimentarios, a la estructuración de las familias, y también a la composición de la estructura social. Y todo ello, gracias a la intensa movilidad provocada por los nuevos yacimientos de empleo, y gracias también a las oportunidades que ofrece el mundo de las nuevas tecnologías (teletrabajo, canales de venta online, redes sociales sin fronteras…).
Como consecuencia de ello hay que reconocer que se está produciendo un proceso de uniformización de los modos de vida, así como de las pautas de desarrollo, diluyendo, como he señalado, la tradicional dicotomía rural-urbana y reduciendo la singularidad del mundo rural. Es una realidad indudable que, debido a esos cambios sociales y culturales y la creciente terciarización de la economía, el mundo rural de hoy no es ya el de nuestra niñez. Ante la realidad de una cultura urbana que se extiende por doquier y ante la hegemonía indudable de las ciudades, cabe preguntarse si aún existe “lo rural”, y si debe contemplarse todavía el medio rural como un área singular que debe ser objeto de especial atención por parte de las políticas públicas.
Esta pregunta no atañe solo al mundo académico. Es algo que debe ocuparnos y preocuparnos a todos los que deseamos un mundo rural vivo, activo y poblado, dotado de sus calles y plazas, de su bullicio infantil y de la presencia de jóvenes de fiesta en sus atardeceres, sirviendo de solaz al conjunto de la ciudadanía. No olvidemos que cuando hablamos del mundo rural, nos estamos refiriendo al 90% del territorio español y al 35% de nuestra población rural-periurbana. No obstante, como he señalado, es una realidad diversa y heterogénea, en la que coexisten zonas rurales dinámicas, dotadas de buenos servicios, bien comunicadas con los grandes núcleos urbanos y con cierta capacidad para emprender sus propias estrategias de desarrollo, junto a las zonas de la llamada “ruralidad profunda”, afectadas por problemas serios de despoblamiento, que deben ser objeto de atención.
Por todo ello, son pertinentes todos los esfuerzos por ocuparnos de este asunto, y particularmente por el despoblamiento que se ha producido en los últimos sesenta años en los territorios de esa “ruralidad profunda” que he mencionado. Es este un problema grave y generador de desequilibrios sociales y territoriales, especialmente en los territorios que abarcan una circunferencia que tuviera como centro Madrid y cuyo radio alcanzase la Cornisa Cantábrica, el Pirineo y el interior de las costas mediterráneas y suratlánticas, bordeada por el verdor de los valles del Guadalquivir, Ebro, Segura, Turia y algo del Guadiana y el Tajo. Es un espacio salpicado por municipios que, en su mayoría, no alcanzan los 5.000 habitantes. En la provincia de Cuenca, por ejemplo, se ha perdido el 15% de su población rural en el periodo 2007-2014, en la de Ávila se habrá cerrado el 80% de los municipios rurales en los próximos veinticinco años.
Debido, como he señalado, a la hegemonía del modelo urbano centrado en las macrociudades, y a un enfoque basado en los criterios económicos para medir la eficiencia del planeamiento, se relega a un segundo plano el problema de la llamada “ruralidad profunda”, hasta el punto de que se acepta con una especie de resignación el hecho de que muchos de esos territorios se vayan despoblando de forma irreversible. Lo más grave es que esa actitud fatalista de resignación es interiorizada por la población que reside en ellos trasladándola a su entorno familiar y dando lugar a la idea de que no hay solución para esas zonas.
El despoblamiento rural, una cuestión de interés general
Por eso es importante toda iniciativa que se haga en este sentido, destacando la del Senado, que convocó en 2014 una comisión de expertos para afrontar el problema del despoblamiento rural en España, y cuyas ponencias están disponibles para todo el que quiera leerlas. Sea bienvenida esta iniciativa en el ámbito de las instituciones políticas, ya que toma conciencia de un problema complejo e importante como el del despoblamiento de muchos territorios rurales españoles.
Este del despoblamiento es un problema que debe afrontarse desde los poderes públicos como un asunto de interés general (como una cuestión de Estado), contrarrestando la falsa idea de que resulta más barato concentrar a los ciudadanos en grandes aglomeraciones urbanas. Si no se afronta de manera adecuada, se corre el riesgo de que este problema provoque serios desequilibrios irreversibles en el territorio español encareciendo, a largo plazo, la adopción de soluciones y la aplicación de las políticas adecuadas. Puede que a corto plazo sea más barata esta solución, pero a medio y largo plazo resulta más costosa, ya que se deteriora la salud y la calidad de vida de la población.
Los que pensamos así, sostenemos que los seres humanos no son números, sino personas merecedoras de ser atendidas con respeto de su dignidad por los profesionales adecuados. Antes que ser tratados como masas impersonales, los seres humanos deben ser atendidos de acuerdo con su dignidad, y para ello los ciudadanos tenemos que pagar por ello a través de nuestros impuestos. Es un craso error imponer razones economicistas sobre la calidad de vida de los seres humanos, una vida, la humana, que debe facilitarnos del modo más agradable posible el tránsito a una vida eterna.
Esta reflexión sobre la realidad del mundo rural me lleva a tratar otra idea que me preocupa y que lamentablemente se instala con cierta facilidad en algunas mentes supuestamente preclaras, una idea que, en cierto modo, guarda relación con la de los que creen que las aglomeraciones urbanas son opciones mejores y más eficientes en términos económicos. Me refiero a los que piensan que el despoblamiento no es un problema, ya que el medio rural debe convertirse en una especie de reserva natural protegida, cuyo objetivo prioritario sea conservar los recursos naturales, enriquecer la biodiversidad y servir para que los ciudadanos de las urbes disfruten del paisaje ofrecido por dichos espacios y lo aprovechen con fines recreativos y de ocio.
A los que piensan de este modo se les debe responder diciendo que el mundo rural tiene dueño y que las familias que allí residen no quieren abandonar su territorio ni renunciar a sus raíces a no ser que les forcemos a hacerlo, ya sea retirándoles servicios, deteriorando su calidad o encareciéndolos hasta hacerlos inviables. Y todo ello con el argumento de “para tan pocos como viven allí, no es rentable seguir prestándolos”, sin tener en cuenta que el medio rural es el gran proveedor de alimentos, naturaleza y calidad de vida de las zonas urbanas.
Desde mi punto de vista, me reafirmo en la idea de que es posible una eficaz política de desarrollo local con los instrumentos legales disponibles si se aplica según los principios que la inspiran y si se la dotan de recursos suficientes. Además, los países de nuestro entorno europeo tienen políticas de ordenación del territorio y de incentivos a la descentralización industrial, así como políticas de prestación de servicios y de apoyo a la repoblación rural que deberíamos tener en cuenta. También habría que tomar como ejemplo la revalorización del patrimonio cultural, arquitectónico y natural que se hace en muchas regiones europeas, donde han desempeñado un papel excelente las políticas de desarrollo rural.
Todo ello nos lleva a una primera conclusión, y es la de que afrontar el problema del despoblamiento rural tiene que ser objeto de una política de Estado, ya que las familias rurales y los territorios no entienden ni de divisiones administrativas ni de conflictos de competencias que dificulten el bienestar de los ciudadanos e impidan aprovechar las oportunidades y prestar servicios sin discriminación alguna. Aquí juegan un papel clave las políticas de cohesión económica, social y territorial que propugna la UE y que se enmarcan en las nuevas directrices de la Estrategia 2020.
Para alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 hay que destacar que a los territorios rurales se les reconozcan como “polos” de cultura, desarrollo e innovación, y que se produzca una relación de igualdad entre el medio rural y el medio urbano. Asimismo, hay que tener en cuenta las zonas periurbanas que contribuyen al desarrollo económico sostenible, suministran energía y recursos ambientales y culturales, mejorando así la calidad de vida de la población general.
La segunda conclusión se deriva de una experiencia que he tenido hace unas semanas en mi pueblo, Bujalance (Córdoba), y en Santa María la Real de Nieva (Segovia), al asistir a sendos entierros. La presencia masiva de todo tipo de personas, al margen de las simpatías y antipatías de ahora y de antaño, dice mucho del alto grado de solidaridad que se vive en los pueblos de España, lo que supone un valor irrenunciable, al ser la base de la democracia y de la convivencia en paz. Por ello, es necesario aceptar que un pueblo es algo más que una cohabitación de personas y casas, y que la repoblación rural debe empezar por la revitalización de los pueblos, una tarea en la que los ayuntamientos deben desempeñar una función clave.
A pesar de todo podemos extraer otra conclusión, que refrendamos con nuestra propia experiencia de los últimos 50/60 años. Es un hecho que el campo que hemos conocido y muchos de nuestros pueblos de ayer han desaparecido sociológicamente hablando. El campo y los pueblos de hoy están cada vez más conectados entre sí y con las ciudades, las fronteras locales van paulatinamente desapareciendo, aunque no todas.
Por eso no podemos mirar atrás con nostalgia ni pensando que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, sino reflexionar sobre el mundo rural de hoy y sobre el nuevo lugar que ha de ocupar en el mundo moderno. Es, ciertamente, un mundo rural muy diferente al de antaño, pero yo lo veo como un foco de innovación y como una fuente de equilibrio territorial y de cohesión social, así como la salvaguarda de nuestra base cultural y de nuestro patrimonio histórico. No es cuestión de caer en un “ruralismo” trasnochado, sino de reconocer la importancia para toda la sociedad española de contar con un mundo rural vivo, dinámico y cohesionado.
Instrumentos para luchar contra el despoblamiento rural
Hoy, los instrumentos de programación de la UE en el periodo 2014-2020 son de gran utilidad para luchar contra el despoblamiento e impulsar la reactivación de los territorios rurales; en especial las “Inversiones Territoriales Integradas” (ITI) recogidas en el Acuerdo de Asociación firmado entre el Gobierno de España y la Comisión Europea. También disponemos de la experiencia proporcionada por más de veinte años de política de desarrollo rural basada en el enfoque ascendente y participativo (bottom-up) que tan buenos resultados ha dado en el marco de la iniciativa europea Leader, y que es hoy la base del “desarrollo local participativo”. Las Administraciones españolas cuentan, además, con instrumentos propios, como la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que lamentablemente no ha podido aplicarse por falta de recursos económicos y que habría que reactivar con una visión más territorial.
Todos ellos constituyen una interesante panoplia de instrumentos que, aplicados de forma coordinada, podrían ser la base para desarrollar una política estatal dirigida a frenar en lo posible el despoblamiento de muchos territorios rurales de nuestro país.
El método Leader, creado en el marco de la iniciativa europea del mismo nombre, ha demostrado que es posible afrontar el desarrollo integral, endógeno y sostenible de los territorios rurales, y también de los periurbanos y de las áreas pesqueras. Asimismo, la experiencia de la Iniciativa Leader ha puesto de manifiesto que los fondos públicos pueden ser administrados por asociaciones privadas (Grupos de Acción Local) con eficiencia, transparencia y equidad. También ha mostrado que se puede generar riqueza y empleo impulsando las actividades de las pymes en el medio rural (en su mayoría micropymes) (según datos oficiales se crean 20.000 pequeñas em-presas al año y más de 30.000 empleos entre nuevos y consolidados) y ayudando a las asociaciones que prestan servicios de proximidad. Lo más llamativo es que en las acciones desarrolladas en el marco de la Iniciativa europea Leader ha funcionado bastante bien la financiación público- privada, como lo prueba el hecho de que se ha invertido una media de 2,5 euros privados por cada euro público.
En todo ello ha sido fundamental el papel de los ayuntamientos en el desarrollo de servicios a la población local, así como en la promoción de la cultura y las tradiciones y en la restauración arquitectónica. Es por ello fundamental dotarlos de mayores competencias y más recursos en el marco de ese “pacto local” tantas veces reclamado, pero nunca hecho realidad, y en el que debería producirse una reforma y redistribución de las funciones y recursos que en materia de desarrollo local hoy desempeñan con escasa eficiencia las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales. Asimismo, ha sido muy importante el papel de los ayuntamientos en el impulso a la diversificación económica de los territorios rurales, ya sea como complemento de la agricultura o incluso como alternativa a ella (artesanía, turismo rural, micropymes de servicios…), y sin olvidar tampoco los temas relacionados con la conservación de la rica biodiversidad existente en muchos territorios rurales.
Como sabemos, desde 2003, el desarrollo rural con enfoque Leader se ha encuadrado en el segundo pilar de la PAC, dejando de ser parte de las iniciativas de la Comisión Europea para pasar a ser financiado por el fondo estructural FEADER. La integración de las políticas de desarrollo rural en la PAC no ha dado los resultados que se esperaba, ya que ha provocado una mayor rigidez en el procedimiento operativo de las acciones de desarrollo territorial, quitándole la autonomía y la agilidad de que gozaban los GAL cuando las estrategias de desarrollo se canalizaban como iniciativa de la Comisión Europea. El insatisfactorio balance de la integración del desarrollo territorial en el segundo pilar de la PAC es una de las razones que explican el modo como se ha incorporado este eje en la Programación 2014-2020 y que ayudan a entender la derogación del anterior Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el actual Reg. (CE) 1303/2013 del Consejo.
Con el objetivo de recuperar parte de la autonomía perdida en las políticas de desarrollo territorial, el nuevo reglamento reactiva la idea del desarrollo participativo acuñando el concepto DLCL (desarrollo local gestionado por las comunidades locales), que es, en realidad, una extensión del antiguo enfoque Leader (bottom-up) al conjunto de los territorios (rurales y urbanos). El desarrollo participativo se incorpora como parte fundamental al llamado “enfoque integrado”, un enfoque que, apoyado en los distintos fondos europeos (FEADER, FEDER, FSE, FEMP y fondos de cohesión), pretende canalizar las inversiones públicas y privadas para abordar objetivos integrales en territorios que vayan más allá del ámbito comarcal, provincial y/o regional.
Son además objetivos que trascienden el ámbito productivo y que abordan el futuro de los territorios europeos con una visión integral, promoviendo la integración social y la lucha contra la pobreza e impulsando acciones destinadas al fomento del empleo y la movilidad laboral. Eso explica que el enfoque DLCL (desarrollo local participativo) se incluya como elemento fundamental del objetivo temático nº 9 del citado Reglamento (CE) nº 1303/2013, relativo a “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación”.
Ese es también el propósito de la ya citada figura de las ITI (Inversiones Territoriales Integradas), inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras y los servicios a la población y apromover políticas activas de empleo, así como a impulsar políticas de conservación de los espacios naturales y desarrollar acciones de lucha contra las catástrofes naturales. En consonancia con el enfoque integrado en que se basa, las ITI han de financiarse mediante la fórmula del “multifondo”, es decir, utilizando de forma coordinada los fondos estructurales y los de cohesión.
Sin embargo, lamentablemente, el enfoque del “multifondo” no ha sido incorporado como obligatorio en el Acuerdo de Asociación entre España y la Comisión Europea, sino que se ha dejado a la libre elección de las comunidades autónomas. Es por esto que, hasta ahora, solo una (Aragón) ha integrado este enfoque en su Plan de Desarrollo, perdiéndose una gran oportunidad para innovar en el desarrollo rural aprovechando los instrumentos que el nuevo Marco Estratégico de programación pone a disposición de los agentes públicos y privados presentes en el medio rural.
Además de los instrumentos que nos proporciona el Marco Estratégico Europeo, hay que aprovechar otras oportunidades, como las que nos brindan algunos organismos internacionales en materia de acogida a refugiados e inmigrantes (como la OIM o ACNUR), y en la que colaboran diversas fundaciones y ONG. En este asunto de tanta gravedad, el mundo rural puede desempeñar un interesante papel al ofrecer un marco adecuado para que se instalen en sus territorios grupos de personas que huyen de las guerras o de la pobreza y que buscan lugares para emprender un nuevo proyecto de vida. Serviría también para mitigar el problema del despoblamiento que asola a algunas zonas de nuestros territorios rurales al incorporar nuevos grupos familiares. En esa línea cabe destacar el proyecto “Nuevos senderos”, financiado por la fundación CEPAIM y que promueve el traslado de inmigrantes a municipios rurales despoblados, o el proyecto “The New Arrivals” de la fundación Bill y Melinda Gates. En esos casos, resulta fundamental la cooperación entre las dos redes de desarrollo rural (REDER y RDER), los organismos internacionales implicados y las ONG que participan en los proyectos, así como el apoyo y supervisión de los organismos de la Administración española, para que estas iniciativas puedan convertirse en experiencias exitosas.
Reflexiones finales
Los argumentos que he expuesto en este breve ensayo están en concordancia con las actuales demandas de la sociedad española, unas demandas que, desgraciadamente, están por encima de las preocupaciones coyunturales de nuestros políticos. Desde mi punto de vista, hay sólidos argumentos en favor de los territorios rurales, por entender que, además de ser lugares habitados por familias que tienen allí sus raíces y su identidad, son también focos de cultura, de bienestar y de desarrollo sostenible para el conjunto de la ciudadanía.
Es por ello que los poderes públicos españoles deben dotar a los territorios rurales de servicios adecuados, utilizando para ello modelos adaptados a la realidad del siglo XXI y aprovechando las oportunidades que ofrecen los cambios tecnológicos y la mejora de las comunicaciones. Todo ello exige, entre otras iniciativas, las siguientes:
- Apoyar los programas Leader y las asociaciones que los rigen (GAL) dotándolos de presupuestos suficientes (entre un 15% y un 20% de los fondos estructurales) para poner en marcha su estrategia de desarrollo.
- Permitir que las acciones financiadas por el FEDER y el FSE se apliquen en el medio rural a través del enfoque del desarrollo participativo (DLCL), tal y como indican los reglamentos europeos y el Acuerdo de Asociación firmado entre España y la UE.
- Establecer normas comunes en una especie de ley de bases que armonice los procedimientos de aplicación de los programas de desarrollo rural en el actual marco de programación estratégica.
- Respetar la autonomía de los GAL, su democracia interna y su más que probada capacidad para elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo local, respondiendo a la demanda e interés de los ciudadanos y evitando las frecuentes intromisiones de las Consejerías de Agricultura de algunas CCAA. Con criterios agraristas, muchas de estas consejerías intentan imponer de manera rígida sus criterios sobre lo que es financiable en materia de desarrollo en contra de las demandas surgidas del propio mundo rural.
- Mejorar la calidad de los servicios de sanidad, educación y asistenciales, así como disponer de infraestructuras adecuadas para permitir que estos servicios se puedan prestar en un radio de distancia razonable sin riesgos para la vida y la unidad familiar.
- Impulsar inversiones en el medio rural que acerquen la banda ancha a los territorios, contribuyendo así a terminar con la llamada “brecha digital”.
