La Alianza UPA-COAG ha reclamado a las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente que, tal y como ya pidieron en el último Consejo Regional Agrario, permitan la quema controlada de rastrojos para atajar plagas y enfermedades.
La organización ha advertido de la situación actual, en la que muchos agricultores de Castilla y León se están viendo obligados a realizar tratamientos fitosanitarios ante la evidencia de hongos en los cereales.
La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que «no demore» esta reclamación y que autorice excepcionalmente la quema de rastrojos supervisada y controlada, puesto que «es la mejor solución para poner fin a la proliferación de plagas que en los últimos años estamos sufriendo en nuestra comunidad autónoma».
Esta problemática se debe a la climatología, con un otoño en el que se juntaron las lluvias con unas temperaturas elevadas y con un invierno con temperaturas suaves, que han propiciado que no haya habido heladas que cortaran las enfermedades de manera natural.
La organización ha reclamado a la Administración regional que «tome ejemplo» de otras comunidades autónomas, como Extremadura, donde se ha decidido permitir la quema controlada de rastrojos.
El problema de las plagas y enfermedades cada vez es mayor en la región, y ejemplo de ello es la roya, septoria o el oidio, y plagas como la del pulgón o el gusano del alambre en miles de hectáreas de cereal de Castilla y León y cuyas consecuencias son peores campaña tras campaña.
De hecho, la Alianza UPA-COAG denuncia que los agricultores de Castilla y León que se dedican al cultivo del cereal están triplicando la utilización de tratamientos fitosanitarios en los últimos años, lo que conlleva un incremento de coste muy importante en unas campañas críticas donde el precio del cereal además está siendo muy bajo.
Finalmente la organización agraria pide al Instituto Tecnológico Agrario, como organismo responsable del seguimiento de plagas, que convoque con urgencia una reunión para concretar con el sector la magnitud del daño y las posibles medidas a adoptar. Al respecto, los servicios territoriales provinciales de la Junta de Castilla y León deberían estar orientando a los productores sobre cuáles son los tratamientos más eficaces y menos costosos que deben utilizar.
