Año tras año es habitual que, desde enero a junio, los productores de fresas de Huelva destinen aquella fresa de menor tamaño y con alguna deformación al uso industrial. Esto supone, aproximadamente, 80 millones de kilos de fresa de industria, lo cual es una cantidad considerable de producto.
Desde hace varias campañas UPA-Huelva viene denunciando públicamente cómo el sector industrial se aprovecha de la necesidad de salida de este producto que tienen los agricultores/as, imponiendo la relación comercial sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor/a las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega).
El sector industrial siempre actúa de la misma forma: De enero a junio los productores y productoras van aportando fresa y la industria llena sus almacenes; dependiendo del nivel de llenado y en el momento en el que el agricultor/a está pensando en finalizar la campaña, la industria le insta a seguir produciendo para llegar a su tope de almacenamiento poniendo un precio con carácter retroactivo inferior al que va a aplicar a partir de ese momento. Aquí la pregunta que procede es por qué no se aplica el precio final desde el principio de la campaña.
UPA-Huelva exige que el precio y condiciones deben quedar por escrito en contrato desde el principio de la campaña y que dicho precio debe de ser fijo y nunca por debajo del coste de producción, que entendemos que es precisamente el espíritu del nuevo Decreto.
Durante esta campaña está ocurriendo lo mismo que en las anteriores: la industria hasta el momento no solo no ha pagado nada a nuestros agricultores/as ni ha firmado contrato alguno en la mayoría de los casos, sino que su intención es pagar entre agosto y septiembre. Esto supone un perjuicio económico para el agricultor/a, que desconoce hasta el final de la campaña qué precio se le va a aplicar y si este precio ha sido rentable frente a los costes de producción.
Esta es otra más de las circunstancias que justifican las movilizaciones realizadas por nuestros agricultores y agricultoras y fruto de ello ya se ha conseguido la publicación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Es precisamente sobre esta base jurídica sobre la que en UPA-Huelva vamos a estudiar si cabe la denuncia de la actual relación comercial de la fresa destinada a industria, basada en la falta de contratos y la incógnita sobre la venta por debajo de costes tal y cómo se ha mencionado anteriormente y que son pilares fundamentales que pretende paliar el nuevo Decreto.
Las reivindicaciones siguen y deben seguir, pero también es momento de dar un paso más y pasar a los hechos y utilizar las herramientas con las que se cuenta, por eso desde UPA-Huelva vamos a estudiar esta posibilidad y que se haga justicia con una situación que se repite año tras año y en la que nuestros agricultores/as llevan ya demasiado tiempo en una posición de inferioridad manifiesta.
