UPA lanza la campaña #SíalAzúcar por un consumo responsable y la sostenibilidad de los agricultores

Tras la propuesta de «impuesto dulce» anunciada por Montoro, muchas voces se han unido al Ministro del PP para demonizar este producto. Sin embargo, también ha surgido una campaña en contra para denunciar falsos mitos sobre el azúcar y defender su importancia en una dieta equilibrada.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos está impulsando una campaña de información y movilización social para denunciar los ataques injustificados a un alimento tan básico como el azúcar, fundamental en una dieta equilibrada y saludable, al que se intenta demonizar como si su consumo fuese una especie de atentado contra la salud.

Una tendencia que ha ido cobrando fuerza en algunos países durante los últimos años, alentada por informes de dudosa credibilidad y no siempre claras intenciones, ante los que algunos países, incluido España, están encontrando la excusa perfecta para introducir nuevos impuestos, como los que se quieren aplicar a las bebidas refrescantes.

Una actitud injustificada que solo responde al interés recaudatorio de los Estados y que no tiene en cuenta el enorme perjuicio que supone para los productores de remolacha y para la industria que utiliza el azúcar en múltiples alimentos y bebidas, cuyo consumo moderado y equilibrado no solo no es perjudicial para la salud sino, muy al contrario, altamente recomendable.

Por ello, UPA ha asumido en España el liderazgo entre las organizaciones que representan a los remolacheros, para alertar al conjunto de la sociedad sobre los intentos de expulsar al azúcar de los hábitos alimentarios, contando también con una presencia activa en redes sociales, bajo el mensaje claro y contundente de SÍ al Azúcar.

UPA demuestra así, una vez más, su firme compromiso con la producción de alimentos de calidad que promuevan la salud de los consumidores y aseguren el futuro de las pequeñas y medianas explotaciones familiares agrarias. Creemos que la dieta mediterránea constituye la base de una alimentación equilibrada. La cuestión es promover dietas variadas y estilos de vida que contribuyan a la salud y no consideramos que demonizando alimentos y estableciendo impuestos punitivos se consiga ese objetivo. Por todo ello, desde UPA manifestamos:

  • Nuestro completo compromiso con la salud de los ciudadanos.
  • Consideramos al azúcar un alimento tradicional de nuestra alimentación que forma parte de la cultura gastronómica de los españoles.
  • Apoyamos todas las iniciativas tendentes a promover un consumo moderado y a fomentar unos hábitos alimentarios
  • Denunciamos las campañas de desinformación a los consumidores, con medias y falsas verdades sobre el azúcar u otros alimentos, que condicionan la capacidad de elección a la hora de comprar y
  • Nos oponemos a que se establezcan impuestos u otras medidas recaudatorias que penalicen unos alimentos frente a
  • Exigimos que se valore el impacto que una medida de ese tipo puede tener sobre el sector azucarero español, máxime en un momento de gran incertidumbre, cuando este se enfrenta a la desaparición del sistema de cuotas que ha sustentado su actividad durante los últimos años.
  • Manifestamos nuestro apoyo a los agricultores de remolacha de toda España, en especial a los de Castilla y León, donde se produce en 85% del azúcar en España, y exigimos la retirada de la propuesta de establecer un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas.

Un sector joven, dinámico y con mucho futuro

En España hay unos 6.500 agricultores dedicados de manera casi exclusiva al cultivo de remolacha. Un porcentaje muy significativo son jóvenes agricultores, localizados de forma mayoritaria en Castilla y León. En nuestro país se cultivan unas 36.000 hectáreas de remolacha, con siembras en otoño y primavera. Las explotaciones tienen un tamaño medio de 5,5 hectáreas, lo que muestra que se trata de una base productiva compuesta por pequeñas y medianas explotaciones. Se encuentran en actividad 5 fábricas productoras de azúcar. El sector genera unos 8.500 puestos de trabajo directos y en torno a 32.000 indirectos.

Desde 2005 la producción de remolacha se ha reducido en España en un 50%, situándo se actualmente en unas 500.000 toneladas por año, contingentadas por un sistema de cuotas que finaliza en 2017. Hay que tener en cuenta que el consumo actual de azúcar en nuestro país llega hasta 1,3 millones de toneladas, por lo que la producción nacional es incapaz de abastecer a la demanda, lo que obliga a recurrir a importaciones muy significativas. El 85% de esta producción se concentra en las fábricas de Castilla y León, aunque se registran cultivos de remolacha, aparte de en esa comunidad autónoma, en Andalucía, País Vasco, La Rioja y Navarra.

En estos últimos doce años se han cerrado 6 fábricas dedicadas a la elaboración de azúcar de remolacha, a las que hay que añadir otra de caña. La superficie de cultivo se ha reducido en unas 64.000 hectáreas, lo que ha contribuido al despoblamiento de algunas comarcas rurales.

El fin del sistema de cuotas para el azúcar

Por si no fuera suficiente que desde el Gobierno se señale al azúcar como un elemento nocivo para la salud y se pre- tenda penalizar su consumo, lo que afectará sin duda a los niveles de demanda, el sector vive inmerso en una situación muy delicada, ya que en septiembre de 2017 desaparecerá el sistema de cuotas establecido por la Comisión Europea. Ese sistema ha venido regulando la actividad de los agricultores y de la industria azucarera durante los últimos años y su desaparición genera un panorama muy incierto. Solo hay que recordar algunos ejemplos recientes de conclusión de los sistemas de cuotas, como es el caso del sector lácteo, para comprender que muchos pequeños y medianos agricultores de remolacha asisten con auténti- ca preocupación a la situación que se avecina.

Durante los últimos años, el nivel de competitividad del sector ha aumentado de forma muy notable. Se ha pasado de un rendimiento medio de 70 toneladas por hectárea en 2006 a otro de 100 toneladas/hectárea en el último año, lo que supone el primer puesto a nivel europeo. Se han alcanzado también importantes acuerdos interprofesionales y se ha efectuado una apuesta decidida por la investigación y la innovación, promoviendo una mejora continua del cultivo, una mayor sostenibilidad ambiental y la reducción de uso de fertilizantes, fitosanitarios y agua.

Atendiendo a los niveles de precios en la Unión Europea, todas las previsiones indican que cuando desaparezca el sistema de cuotas, se registrará una disminución importante de la producción en todos los países europeos. Los productores de remolacha y azúcar de Europa se tendrán que enfrentar con competidores que no tienen que someterse a los requisitos impuestos en nuestros países y que, además, disponen de apoyos públicos que aquí van a desaparecer. Todas estas consideraciones tienden a establecer un futuro muy preocupante para el sector. Que dentro de esta coyuntura se añada la amenaza de un impuesto a las bebidas azucaradas constituye una grave irresponsabilidad por parte de nuestro Gobierno ante una actividad que no tiene alternativas viables en muchas zonas rurales de nuestro país.

Los impuestos no son la solución

El Gobierno español anunció en diciembre pasado un proyecto de ley que pretende establecer un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas. Las estimaciones indican que con ese impuesto se espera recaudar unos 200 millones de euros anuales.

Si lo que se busca es aumentar los ingresos del Estado, hay que reconocer que las cantidades que se espera recaudar no parecen especialmente significativas y que, además, lo que se puede ganar por un lado se va a perder por otro, ya que se amenaza irresponsablemente el futuro de muchos agricultores y de una industria que había acometido una importante reestructuración durante los últimos años, con el propósito de modernizarse y aumentar su eficiencia.

Si lo que se pretende es mejorar la salud de los españoles, debemos decir que con impuestos poco se va a avanzar en ese sentido, porque más allá de alimentos buenos o malos, lo que existen son dietas adecuadas o inadecuadas y que si resulta perjudicial un consumo excesivo de azúcar, también lo es el consumo excesivo de proteínas, de grasas o de carbohidratos, sin que por eso estemos pensando en la conveniencia de gravarlos con nuevos impuestos.

Pero el problema no es solo de España. La OMS ya propuso, coincidiendo con el Día Mundial contra la Obesidad, un impuesto del 20% sobre las bebidas refrescantes. Aunque, incluso dentro de Naciones Unidas, otros organismos no establecen una relación tan simplista y directa entre obesidad y consumo de azúcar. La FAO, por ejemplo, señala que el avance de la obesidad se debe a cambios en el estilo de vida y a profundas transformaciones en los patrones alimentarios, dentro de los cuales el azúcar es un componente más y, posiblemente, no el más importante.

Hay que recordar que muchas de las recomendaciones de la OMS han generado una gran alarma social, aunque posteriormente han sido discutidas y matizadas por otros organismos expertos en dietética. Por ahora, únicamente dos recomendaciones de la OMS han llegado al Código Alimentario Internacional, por el que se rigen 198 países. Se trata de las que tienen que ver con los consumos de grasas saturadas y sodio.

Pero la realidad es que algunos países han optado por estas medidas. Así, en 2013 México impuso una tasa del 10% a las bebidas azucaradas. Dentro de Europa, Dinamarca aumentó en 2011 los impuestos sobre todos los alimentos cuyo contenido en grasas saturadas superase el 2,3%. El impuesto provocó que los daneses fueran a hacer la compra a países vecinos, por lo que el Gobierno retiró ese impuesto en 2013, ya que el consumo de estos alimentos no había bajado pero sí los empleos en las empresas. En Francia se aplica a partir de 2015 un impuesto sobre las bebidas azucaradas, mientras que el Reino Unido ha aprobado un impuesto de este tipo que entrará en vigor en 2018. En nuestro país, Cataluña está poniendo en marcha un impuesto especial a estas bebidas que incrementarán su precio entre un 10% y un 20%. Muchos expertos dudan de la eficacia de estas medidas impositivas. Algunas estimaciones establecen una relación directa entre el aumento de precios y la disminución de los niveles de consumo, pero otras investigaciones ponen en duda que pueda establecerse un efecto tan claro entre esas dos variables. Sea como sea, si se decide regular la salud de esa manera, pronto deberíamos tener impuestos a las grasas, las proteínas, los minerales o incluso las vitaminas.

El azúcar es necesario para una vida sana

La cuestión no es si consumir azúcar o no. Porque el azúcar es necesario para la vida, tomado en su justa medida, con equilibrio, como ocurre con todos los alimentos. Entre sus principales ventajas, y sobre las que existe un amplio consenso, se encuentran las siguientes:

  • Nutre al sistema nervioso, ya que el azúcar resulta fundamental para el adecuado funcionamiento de las neuronas, que solo se alimentan de glucosa.
  • Tiene un claro efecto antidepresivo, ya que su consumo aumenta la concentración de neurotransmisores cerebrales que contribuyen a superar las depresiones.
  • Favorece la relajación, ya que alimenta el sistema nervioso.
  • Aumenta los depósitos de glucógeno en los músculos y el hígado. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética en los animales y el hombre. Hay que indicar que la glucosa en el organismo tiene tres posibles destinos: a) su uso como combustible energético; b) almacenamiento en forma de glucógeno, y c) transformación y almacenamiento en forma de grasa. De aquí que un nivel adecuado de ingesta de azúcar contribuye a las dos primeras funciones señaladas, mientras que un consumo excesivo provocará un aumento de la grasa corporal.

Hay que indicar, por tanto, que el azúcar consumido en unos niveles considerados aceptables aporta evidentes ventajas a nuestra salud, al igual que debemos tener presente que su consumo excesivo tiene consecuencias negativas, porque puede favorecer la obesidad y el sobrepeso.

Artículo publicado originalmente en la revista La Tierra nº 260

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