La organización profesional agraria UPA ha remitido sus propuestas a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en relación con el Reglamento Ómnibus que se discute estos días en el Parlamento Europeo. En la práctica, este reglamento supondrá una “mini-reforma de la PAC”, según lo han calificado desde UPA, ya que afectará a numerosos aspectos de la Política Agraria Comunitaria, que marca la vida y el trabajo de cientos de miles agricultores y ganaderos en España.
UPA ha demandado que “no se descafeíne” la figura del agricultor activo –orientada a evitar que las ayudas de la PAC vayan a parar a especuladores o simplemente a grandes propietarios de tierra-. “Es una figura imprescindible, que ha costado mucho conseguir, y pedimos que se refuerce, no que se relaje”, han recalcado desde esta organización.
La Unión de Pequeños Agricultores ha reclamado a Tejerina que siga defendiendo un presupuesto fuerte y específico para la PAC, evitando transferencias a otras políticas. “Esta política es rentable”, aseguran, “y sale barata a la sociedad europea”, por los múltiples beneficios que aporta.
Otro aspecto crucial es la consideración del pasto mediterráneo a la hora de asignar ayudas. UPA cree que en la última PAC ya se cometió “una injusticia” con España por el coeficiente de admisibilidad de pastos, y ahora “hay una oportunidad de enmendarlo”.
Sobre las ayudas a la incorporación de jóvenes, UPA ha pedido que no se excluya de las subvenciones a jóvenes agricultores o ganaderos que se asocien para fundar una explotación, “el apoyo deberá ser proporcional al peso del nuevo agricultor dentro de la sociedad asociativa”, han defendido.
En relación con los seguros y la gestión de los riesgos en el campo, UPA ha propuesto que el nivel de pérdidas para poder contribuir financieramente a las primas del seguro de cosechas, animales y plantas baje del 30% al 20%.
Piden una regulación europea de la cadena agroalimentaria para frenar los abusos
UPA ha señalado que “no es suficiente” con establecer listados de prácticas abusivas y prohibidas, con la contractualización obligatoria o con la creación de una agencia de control europea. “Es el momento de abrir el debate”, recalcan, y proponen que se establezcan excepciones al derecho de la competencia a nivel europeo en materia de productos agrarios que permitan la negociación colectiva en el seno de las organizaciones interprofesionales.
