El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho del sector productor a cobrar por encima de sus costes de producción. Así se desprende de la sentencia recientemente dictada, con la que el máximo órgano del poder judicial en España da carpetazo al intento de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) de intentar torpedear la Ley de la Cadena Alimentaria para eliminar de ella el veto a las compras con pérdidas.

El Tribunal Supremo aprueba los argumentos defendidos por Unións Agrarias-UPA Galicia hace poco más de un año, cuando la organización agraria compareció ante este organismo para defender el derecho de los agricultores a cobrar más de lo que les cuesta producir.

En mayo de 2023 Unións Agrarias unió fuerzas con la Abogacía del Estado para desmantelar el “vergonzoso” intento de FENIL de seguir imponiendo condiciones abusivas ignorando la rentabilidad y los derechos del sector productor. Lo hizo a través de una comparecencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en Madrid, para participar en una sesión de presentación de peritajes en la que la organización agraria argumentó la necesidad de blindar la Ley de la Cadena Alimentaria y, más concretamente, la modificación introducida en la misma en relación con el veto explícito a la compra con pérdidas.

La sentencia del Tribunal Supremo echa por tierra el intento de las industrias lácteas de seguir imponiendo precios unilateralmente, eludiendo la negociación y obligando al sector productor a firmar contratos de afiliación sin tener en cuenta ni los costes de producción de las explotaciones ni la situación real del mercado. Así, el órgano judicial respalda el derecho del sector productor a recibir precios dignos por sus producciones y frena el intento de FENIL de seguir actuando “como le plazca y sin consecuencias”.

UPA ha celebrado este fallo, que desmonta los argumentos de las industrias lácteas, que apelaron al libre mercado para seguir imponiendo condiciones nocivas al eslabón más débil de la cadena. Sin embargo, además de las decisiones judiciales, la organización agraria recuerda la necesidad de seguir avanzando en la calificación y dotación de herramientas e instrumentos que garanticen el cumplimiento de la Ley de la Cadena de manera efectiva.

Unións Agrarias subraya que los tribunales “no pueden ser la única vía con la que el sector productor puede contar a la hora de hacer valer sus derechos ante posibles incumplimientos de la legislación”. En este sentido, insiste en la necesidad de contar con un Observatorio de Costes que marque líneas rojas y aporte datos objetivos y públicos de referencia.

Así como que España, al igual que Francia, introduzca la figura del mediador para conseguir que, de una vez por todas, las negociaciones entre industrias y productores se desarrollen en igualdad de condiciones. En este sentido, la organización agraria anima a las administraciones a seguir trabajando y a seguir el ejemplo del sistema de libre arbitraje destinado a resolver conflictos entre consumidores y empresas anunciado recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Un mecanismo similar a lo que la organización exige para las relaciones entre productores e industrias.

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