Los agricultores y los ganaderos españoles observamos con interés y solidaridad las movilizaciones que se vienen sucediendo, desde que comenzó 2024, en varios países de la Unión Europea, de manera especial primero en Alemania y después en Francia; aunque somos conscientes de que, en muchos casos, sectores y territorios, las situaciones de nuestros colegas europeos son sustancialmente distintas a las nuestras.

Pero todos convivimos en el mismo espacio político, dentro de la Unión Europea, y compartimos la misma Política Agraria Común (PAC). Por ello, es lógico que coincidamos en las reivindicaciones básicas y más generales.

En primer lugar, en reclamar una necesaria adecuación y flexibilización de las exigencias medioambientales de la nueva PAC, tras la experiencia de su primer año de aplicación en 2023, que ha permitido ver los desajustes que se generan entre la teoría de los reglamentos comunitarios y la práctica de la realidad en nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.

Unos desajustes que, en muchas ocasiones, se resolverían con pequeños cambios normativos y evitarían así la influencia negativa que se ha constatado en 2023 sobre las condiciones de cultivo o explotación del ganado y el acceso a las ayudas de la PAC.

Sin olvidar que, además, este primer año de la PAC ha coincidido en España y otros países europeos con una sequía histórica, que supone una muestra más del proceso acumulado de cambio climático, cuyos primeros afectados y, por tanto, interesados en atajar por todos los medios posibles, somos los agricultores y ganaderos.

En definitiva, la nueva PAC necesita ajustes, nadie debería sorprenderse por ello. La cuestión es abordarlos con urgencia. Y para ello, nuestra responsabilidad como organización representativa de la agricultura familiar en España es presionar a nuestro Gobierno -y a todas y cada una de las Comunidades Autónomas- para que las Administraciones y todos los partidos políticos, que negocian y deciden en el Parlamento Europeo, para que abran los ojos a la realidad y asuman las necesidades que les llegan desde el campo.

Una presión sindical que incluye también la necesidad de revisar, con criterio, sentido común y respeto al interés general de toda la sociedad, las crecientes exigencias medioambientales a la actividad agraria.

Nadie más que nosotros, y en UPA nunca nos cansaremos de repetirlo, está interesado en avanzar en los objetivos que marca el Pacto Verde Europeo. Entre otras cosas, porque solo con un futuro de plena sostenibilidad será sostenible nuestra actividad. Pero ello debe ser compatible con adaptar las estrategias y los objetivos a la realidad.

En caso contrario, el riesgo es doble. Por una parte, porque ni en el fondo ni en la forma se avance a un ritmo adecuado hacia la necesaria ambición colectiva por un futuro sostenible. Y, además, por el peligro creciente de que las maniobras populistas de intereses ajenos a la actividad agraria terminen inoculando el virus del disparate en colectivos cada vez mayores de personas que, sin estar necesariamente en el espectro ideológico de quien difunde ideas falsas, acaben asumiendo el rechazo a cualquier progreso, dificultando así los avances.

Sin olvidar la necesidad de que la PAC garantice justicia y equilibrio en el trato a la agricultura propia con las exigencias a los productos que entran en los mercados europeos. Dejando claro que no hablamos de acabar con el comercio exterior -no podemos olvidar que España es un país exportador muy potente- sino de que todos respondamos a los mismos requisitos medioambientales, laborales y sociales.

Y, por último, también compartimos los argumentos básicos de las reivindicaciones escuchadas en Francia y Alemania cuando se habla de simplificación administrativa en las gestiones derivadas de la PAC. Estamos de acuerdo en que una excesiva complejidad burocrática es desesperante, lo vivimos a diario. Pero también somos conscientes de que estamos hablando de cuantiosos recursos públicos en el marco de la PAC que debes ser gestionados con el máximo rigor y control, por el bien de todos.

En este tema, en todo caso, la solución es muy sencilla. El Gobierno y las Comunidades Autónomas solo tienen que aprovechar la red de vertebración territorial y sectorial que aportamos las organizaciones agrarias representativas, para canalizar por esta vía el asesoramiento y la gestión administrativa que requieren las y los profesionales del campo.

Ahí estamos nosotros dispuestos a asumir responsabilidades en este reto, porque esta solución será, sin duda, más barata y eficaz que cualquier otra, por el marco de cercanía, confianza y proximidad que aportan las organizaciones agrarias en colectivos dispersos y con características singulares, que son muy distintas de un sector a otro, de un pueblo al pueblo de al lado.

Con estas reivindicaciones, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desarrollamos una acción sindical de movilización permanente, con tractores en las calles y carreteras, con asambleas y acciones de todo tipo a pie de campo, y con movilizaciones en los despachos y las instituciones, negociando mejoras, proponiendo y consiguiendo soluciones.

Cierto es que el impacto social y mediático es mayor cuando sacamos los tractores a las carreteras. Nuestra historia está repleta de grandes movilizaciones con grandes resultados. Ahí están desde hace años las movilizaciones del gasóleo, con conquistas que ahora reclaman en Alemania o luchan por evitar que desaparezcan en Francia.

Ahí están las movilizaciones históricas de los Agricultores y Ganaderos al Límite, en el arranque de 2020, que cristalizaron en la mejora de la ley de cadena alimentaria, con efectos directos sobre los precios y los mercados. Unas mejoras que ahora reclaman en Francia y Alemania.

Y todo ello, conseguido con unidad de acción entre las tres organizaciones representativas en España. Una unidad impulsada con fuerza por UPA, conscientes como somos de que pesa más la responsabilidad de trabajar en común para obtener resultados que las diferencias que nos separan cuando se contraponen los intereses de las grandes explotaciones a los de la agricultura y ganadería familiar, que representamos en UPA.

Por tanto, unidad de acción, sí, pero con matices. Sin consentir por nuestra parte que se enturbie esta movilización común y permanente con intereses ajenos a la mayoría o enredos que suenen más a maniobras políticas que a inquietudes profesionales.

Al igual que solidaridad europea, sí, pero con el más rotundo rechazo a las agresiones físicas a camiones y productos españoles en su tránsito por Francia; y a las agresiones verbales y políticas, algunas del máximo nivel, hacia la agricultura y la ganadería española. Los problemas que denuncian las organizaciones agrarias en Francia nunca son responsabilidad nuestra.

Con todo ello, se dibuja un escenario en el arranque de 2024 a la vez preocupante e ilusionante. Un año en el que se renovará el Parlamento y las instituciones europeas, y en el que, con toda seguridad, surgirán nuestras estrategias y propuestas, que en nuestro caso recorrerán siempre el mismo camino, el que se inicia en cada una de nuestras explotaciones, en la labor de cada día con la tierra y el ganado, conviviendo con las inquietudes que van del clima a los mercados; pero con la fuerza que nos da el compromiso con nuestro trabajo.

Artículo publicado originalmente en LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería Nº. 297