Madrid, 20 ene (EFEAGRO).- Las cofradías pesqueras, la flota artesanal y el comercio minorista tradicional han pedido este miércoles, en el Congreso de los Diputados, que el sector de la pesca sea excluido de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La patronal de detallistas Fedepesca, la Federación Nacional de las Cofradías Pesqueras (FNCP) y la Federación Nacional de Pescaderías Artesanales (Fenapa) han rechazado el proyecto legislativo, por considerar que es inviable e ignora la realidad de la pesca.

Las tres organizaciones han participado en la ronda de comparecencias de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso para analizar la reforma de la Ley presentada por el Gobierno con el fin de mejorar las relaciones dentro de la cadena alimentaria (productores, industria y comercio).

La directora de Fedepesca, María Luisa Álvarez, ha lamentado “el desconocimiento” que refleja dicho texto, especialmente por la obligación de suscribir contratos escritos para "todos los pagos al contado", exigencia de la que hasta ahora han estado excluidos estos comerciantes.

Ha añadido que de momento se habla de un umbral de 2.500 euros para la suscripción de esos contratos, pero podría bajar a 1.000 euros, de acuerdo con la norma sobre blanqueo de capitales.

En este sentido, ha indicado que la nueva norma supondría "10.000 o 12.000 facturas al año" para cualquier pescadero.

Las 10.000 pescaderías tradicionales españolas son generalmente microempresas, con una o dos personas por tienda y jornadas duras con poco tiempo libre, lo que hace difícil adoptar el hábito de expedir una factura por artículo, ha señalado Álvarez.

Asimismo, ha lamentado que la Ley excluya de las obligaciones a la hostelería y restauración, pues bien si en este segmento hay pymes, existen grandes cadenas de restauración colectiva a las que, a su juicio, se debería aplicar.

Álvarez y el presidente de la FNCP, Basilio Otero, han criticado que el proyecto de Ley ignore el sistema de venta pesquera por subasta en las lonjas -muchas gestionadas por cofradías- o la posición de debilidad de la pequeña empresa.

Fedepesca también esgrime que los pescaderos tradicionales no pueden reducir más su margen de beneficio, frente a la gran distribución que "vende a pérdidas pescado" para atraer clientes.

En relación a los contratos, el responsable de las cofradías ha advertido de que con la fijación de un precio fijo, si posteriormente con el sistema de subasta éste bajara "habría que tirar el pescado a la basura".

Otero y Álvarez han apuntado que la reforma de la Ley está hecha para las grandes corporaciones.

Por su parte, la presidenta de Fenapa, María del Carmen Díaz, ha apuntado que la nueva norma "pisotea" al sector con nuevas sanciones.

Díaz ha abogado por un mayor control a los mayoristas y sobre todo por una vigilancia de las importaciones y de pescados capturados en Marruecos o Mauritania, que después son vendidos como originarios de España.

Los grupos parlamentarios han reconocido el papel esencial del sector pesquero; en este sentido, María Luisa Faneca (PSOE) ha defendido que la Ley tiene como fin dar más poder al "eslabón más débil", incluido el pescador de la lonja.

El popular Joaquín García Díez ha resaltado "la burocracia de alto calibre" que sufren las empresas pesqueras, y Rubén Darío Vega (Vox) ha asegurado que la reforma de la Ley "agrava" los problemas de los agricultores y de los pescadores.

Isabel Franco (Unidas Podemos) ha admitido que la ley "no se adapta al sector pesquero", y tanto Joseba Aguirrechea (PNV) como Joan Baldoví (Compromís) han sugerido impulsar medidas respecto al sistema de subastas para mejorar los ingresos de los pescadores. EFEAGRO

Madrid, 20 ene (EFEAGRO).- Cooperativas españolas han vendido en estos últimos meses aceite por debajo de su coste de producción pese a la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en febrero de 2020, un cambio normativo que teóricamente prohíbe esta práctica pero que consideran "incumplible".

Así lo ha revelado este miércoles en el Congreso de los Diputados el responsable del sector del aceite en Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, quien ha comparecido ante la Comisión de Agricultura para analizar el funcionamiento de dicha ley.

"Después de que entrara en vigor, los compradores de aceite obligaron a firmar un contrato en el que se decía que el precio pactado cubría los costes de producción. Al final los presidentes de las cooperativas estaban obligados a firmarlo a pesar de saber que estaba muy alejado de la realidad", ha reconocido.

Sánchez de Puerta ha recordado que durante la pasada campaña "el precio del aceite estuvo en general muy por debajo de los costes", por lo que en esa tesitura, la única alternativa que había era "dejar de vender" o firmar.

"Si hubiéramos tenido que cumplirlo, nos veríamos abocados a no poder vender la producción de aquellos olivareros que tienen mayores costes. Además, en este sector hay un volumen importante de importaciones y lo que no vendemos nosotros, lo venden otros países", ha defendido.

El también vicepresidente de Dcoop ha recalcado que existe una disparidad total entre los costes que soportan los olivareros en función de las características de su explotación (si son intensivos o tradicionales, de regadío o de secano, etc.), y en una cooperativa se agrupan agricultores de todo tipo.

"Hay muchos tipos de olivar que no podrían vender sus producciones muchos años, cuando los precios del mercado no cubren sus costes. A todos nos gustaría que se cumpliera la ley y vender por encima de los costes, pero no es una actitud realista", ha razonado.

La situación creada tras la modificación de la normativa ha generado problemas a los grupos cooperativos, ya que hay socios que podrían denunciar el incumplimiento de la legislación vigente, aunque Sánchez de Puerta ha insistido en la dificultad para que se impongan sanciones a los compradores al existir un contrato en el que se especifica que el precio supera el coste de producción.

En Cooperativas abogan por que ese coste mínimo que se utiliza como base sea establecido en base a una "media ponderada" de todo el sector -en vez de hacerlo de forma individual en el caso de cada productor-, un cálculo que en su opinión corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además, para que la normativa tuviera sentido habría que impedir que pudiera llegar aceite importado a España por debajo de esos precios mínimos.

Sánchez de Puerta ha insistido en que el precio del aceite varía de forma notable cada campaña en función de si las cosechas son excedentarias o no, por lo que otra de las claves pasaría por permitir al sector autorregularse retirando una parte de su producción cuando ésta sea muy alta para sacarla al mercado posteriormente. EFEAGRO